Financiación: no es el mejor pacto, pero debe aprobarse
Hay tantos pronunciamientos sobre el asunto que es probable que el ciudadano no entienda ni lo esencial ni lo accesorio. Dos asuntos esenciales.
1) El criterio de reparto. Se ha sustituido el criterio actual, que es de origen, por el criterio de los habitantes ajustados, que resulta igual de complejo. El nuevo modelo no cuenta el número de habitantes por comunidad autónoma, sino el número de habitantes ajustados por edad, renta, etc. Hay factores que también influyen en lo que se recibe, como el medio ambiente o elstatu quo –para que nadie pierda en ellos–, pero no se tiene en cuenta el nivel de vida; si se tuviera en cuenta, en Cataluña deberíamos recibir más porque aquí la vida es más cara. La complejidad es la misma que en el modelo actual, pero el criterio ha cambiado. El presupuesto de las comunidades autónomas crece en 21.000 M€ y el del gobierno central disminuye en esa misma cantidad, y dado que el de las comunidades cubre los gastos sociales –enseñanza, sanidad y atención social– la reforma hace obligatoriamente los presupuestos generales del Estado más sociales. Una segunda ventaja del nuevo sistema en relación con el anterior es que la diferencia entre lo que unas comunidades y otras reciben por habitante es menor. El nuevo sistema las iguala. Hay comunidades ahora maltratadas que mejoran: Cataluña tiene 4.700 M€ más.
En los impuestos que los ciudadanos pagan por IRPF, ya se tienen en cuenta factores de ajuste. Tienen que pagar en función de su renta y circunstancias familiares, ingresos, etc. Pero en el caso del reparto, la operación debería ser por población, no por población apretada. ¿Qué razón existe para ajustarla? ¿Por qué recibir más fondos por un habitante que por otro?
Hay, genéricamente, dos criterios de reparto: por origen y destino. Si es por origen, se define un criterio y se aplica. Si es por destino, se ajusta el orden en el que se paga y el orden en el que se recibe: deben ser el mismo. La ventaja de éste último es la sencillez. Los ciudadanos reciben por comunidad autónoma en el mismo orden en el que pagan. Así se evitan los criterios de reparto, siempre discutibles... Nada de poblaciones apretadas: simplemente, poblaciones.
Cabe señalar que, en el nuevo modelo, la ordinalidad no se ha adoptado como criterio de reparto. Simplemente, se ha constatado que para Cataluña y para 2027 la ordinalidad se cumplirá. Será la tercera comunidad a pagar y la tercera a recibir. Pero ese cálculo incluye una discrecionalidad: el número de habitantes es, en realidad, un número ajustado.
En un programa televisivo reciente, el profesor Sala i Martín hacía un cálculo: en el nuevo modelo hay otros 21.000 M€ para las comunidades, y provienen de los presupuestos generales del Estado; como Cataluña es más o menos el 20% del PIB español, el 20% de los 21.000 M€ (4.200 M€) lo han pagado los catalanes; así, si en 2027 recibimos 4.700 M€ más, sólo ganamos 500 M€. Pero olvida una cuestión: Cataluña efectivamente tiene un déficit, que es la diferencia entre lo que paga y lo que recibe, pero en esta aportación del nuevo modelo (los 21.000 M€ de más para las comunidades) esto no ocurre, porque el porcentaje que Cataluña recibe de los 21.000 M€ es un 20% y, por tanto, es más elevado que el que recibe. Es un adelanto.
Un reparto por origen no nos conviene. La crítica del resto de las comunidades respecto a Catalunya en cuanto a la fiscalidad nos hará, indefectiblemente, perder en el reparto cuando se apruebe en Les Corts. Nos conviene la ordinalidad, por su sencillez y automatismo. Desgraciadamente, sin embargo, no se ha alcanzado ni la ordinalidad ni que el reparto sea por habitante sin ajustes.
2) El criterio de recaudación. Quien recaude, sea una agencia catalana, una española o una mixta, es indiferente. La Agencia no puede más que aplicar la ley. Es difícil entender la importancia que algunas personas dan a "tener la llave de la caja" cuando la caja recibe fondos en función de unos criterios fijados por ley. Lo importante, y eso sí se ha conseguido, es que, desde el momento en que el dinero entre en la caja, se transfiera al destinatario final, no como ahora, que algunos acuden al gobierno central y tardan dos años en llegar a la comunidad autónoma, que es la destinataria. Que todo lo que se recaude llegue al destinatario final de inmediato tiene dos ventajas.
El primero es evidente: el dinero llega antes y por tanto nos ahorramos parte del coste de la deuda. Todo el mundo recuerda la importancia que tuvo la condonación de parte de la deuda que hizo el gobierno central. Cuando la deuda llega a 60.000 M€ para Cataluña, como es el caso, cuesta unos 1.800 M€/año, es decir, un 5% del presupuesto de la Generalitat. Es dinero que tenemos de menos que administrar.
El segundo es que la previsibilidad sobre cuándo se cobrará es mayor. Saber cuánto y cuándo cobrarás hace que para la Generalitat sea más fácil endeudarse, porque el prestatario sabe exactamente cuándo cobrará el deudor. El sistema actual, con anticipos, compensaciones y anticipos, es ininteligible.
En resumen, hemos mejorado en el dinero recibido: recibimos más. Los presupuestos generales del Estado serán a partir de ahora más sociales, habrá más dinero para enseñanza, sanidad y servicios sociales. El acceso al dinero recaudado será inmediato, sin tiempo y pasos intermedios como hasta ahora. No hemos mejorado en la metodología del sistema de reparto, porque era y es apriorístico, y hemos perdido la oportunidad de tener un criterio objetivo y sencillo como es la ordinalidad por habitante.
La cuestión es si este pacto nos es válido, teniendo en cuenta que va a durar años; el modelo actual ha estado en vigor 16 años. Creo que es de justicia hacer la pregunta. Mi respuesta es que sí, tanto por el contenido del pacto como por el hecho de que supone un empuje al gobierno central, y eso es positivo porque la alternativa, con Vox en el gobierno, es peor.
