La Fiscalía no afloja y mantiene la causa del Tribunal de Cuentas
La Fiscalía no afloja en su persecución ideológica del independentismo. Este miércoles se conoció a grandes rasgos cuál es finalmente la demanda que mantiene contra 35 excargos del Govern por el 1-O y la acción exterior de la Generalitat entre el 2011 y el 2017, en una causa que es claramente política e injusta desde su origen. No tiene ninguna lógica que la acción exterior de la Generalitat, que en su momento fue perfectamente legal y no fue impugnada ante ningún tribunal, sea investigada por un órgano administrativo que tiene el objetivo de castigar económicamente los oponentes políticos por una causa que, en todo caso, ya ha sido juzgada en un proceso penal. Dicho esto, lo único bueno que se puede sacar de esta demanda, el contenido total de la cual todavía no se ha dado a conocer, es que el fiscal del tribunal, Manuel Martín-Granizo, de la Unión Progresista de Fiscales, rebaja considerablemente el dinero que considera que se podría haber malversado. De los nueve millones de euros iniciales se ha pasado a 3,4 millones, y, lo que es más significativo, la justificación que da para esta reducción es que "la demanda respeta y aplica un principio de libertad ideológica", de forma que considera que los debates o conferencias que se pudieran haber dado estaban amparados por la libertad de expresión.
Tarde, pero poco a poco una parte del entorno judicial de la administración del Estado va entrando en razón y ve cómo se hace muy difícil defender que España es un estado de derecho mientras se persigue directamente las opciones políticas que no comulgan con las propias. El gobierno catalán de aquellos años estaba legitimado en las urnas por una mayoría de catalanes que precisamente lo habían votado para hacer lo que hizo, y, por lo tanto, si era legal la opción política también lo tenía que ser promocionarla y explicarla dentro y fuera del territorio.
Este escrito de la Fiscalía, que no es el único de la causa, puesto que también está personada Societat Civil Catalana, es en todo caso un paso en relación con las peticiones que había hecho el anterior fiscal del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, que a propuesta del PP ahora ha pasado a ser consejero. La renovación del Tribunal de Cuentas fue uno de los pasos del PSOE para intentar rebajar un poco la judicialización del Procés. Un paso limitado, porque afectó solo a este tribunal y al Constitucional, pero no al meollo, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que continúa enrocada porque el PP se niega a dejar que pueda entrar una visión más progresista. De momento, el máximo órgano de gobierno de los jueces, así como el Supremo, están en manos del ala más dura y derechista de la judicatura, sobre la cual no tan solo el PP sino también Vox mantienen el control. Esto hace muy difícil que sea creíble un regreso en el debate político en cuanto a las demandas catalanas.
En el Tribunal de Cuentas ahora se entra en la fase de enjuiciamiento y, en primera instancia, la consejera que juzgará el caso es Elena Hernáez, ex alto cargo del primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Poca cosa se puede esperar de la decisión, y habrá que esperar a la apelación –en una sala en la que hay mayoría de miembros designados por el PSOE– para saber si realmente hay voluntad de dejar atrás la judicialización.