La Fiscalía rebaja a 3,4 millones de euros la reclamación al independentismo en el Tribunal de Cuentas
El ministerio público mantiene la acusación por el 1-O y la acción exterior pero limita a una tercera parte los costes del Procés
MadridLa Fiscalía mantiene su ofensiva contra el Procés en el Tribunal de Cuentas, pero reduce su dureza. La demanda presentada este miércoles contra 35 excargos del Govern por el 1-O y la acción exterior de la Generalitat entre el 2011 y el 2017 rebaja hasta los 3,4 millones de euros el coste económico del Procés que reclamará en la fase de enjuiciamiento que ahora se abre. Es una tercera parte de los 9 millones de euros por los cuales los acusados tuvieron que presentar fianza. Aun así, aunque la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, nombrara al frente del organismo a Manuel Martín-Granizo, de la Unión Progresista de Fiscales, el ministerio público continúa como acusación junto a Societat Civil Catalana, que hace unos días ya presentó su acusación.
En cuanto al 1-O, la Fiscalía cifra finalmente en 1.219.838 euros la cantidad que considera que los dirigentes independentistas habrían podido gastar irregularmente, mientras que la liquidación provisional era de 3.903.294 euros. Del mismo modo, en la parte que afecta al gasto en asuntos exteriores, el ministerio público rebaja a 2.209.503 euros la cantidad pedida, lejos de los 5.150.711 que se liquidaron inicialmente. En su escrito completo, que todavía no ha sido facilitado a las partes ni a los medios, la Fiscalía detalla por qué hechos tiene que responder cada acusado de manera solidaria, puesto que hay algunos que están encausados por el 1-O y por Exteriores y otros que solo por una de las dos ramas.
Libertad ideológica
A través de un comunicado, el organismo ha explicado resumidamente los criterios que ha seguido para concretar la acusación, que en el caso de la acción exterior y el Diplocat había suscitado mucha polémica: en la fase inicial del procedimiento se habían incluido viajes y programas en el extranjero de carácter institucional que la delegada instructora del Tribunal de Cuentas había vinculado al Procés. "La demanda respeta y aplica un principio de libertad ideológica en relación a la finalidad de los desplazamientos para impartir conferencias o asistir a debates, jornadas y presentaciones de libros. La mayoría de estas actividades no pueden reputarse dirigidas exclusivamente a publicitar el proceso soberanista", sostiene la Fiscalía. "Las manifestaciones que se hicieran en el curso de estos debates, conferencias o declaraciones quedarían amparadas por el derecho fundamental a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones", añade.
Otro de los parámetros que ha seguido el ministerio público es el de la seguridad jurídica, con el objetivo de que su denuncia no entre en contradicción con lo que hayan adoptado los tribunales. En relación a la acción exterior, se trata de dirimir si las actividades en el extranjero de las delegaciones de la Generalitat y el Diplocat excedían las competencias autonómicas. Toma de referencia la providencia del Tribunal Constitucional de abril del 2015, que suspendió la ley 16/2014 de la acción exterior y de relaciones con la Unión Europea que aprobó el Govern que entonces presidía Artur Mas.
Sobre el 1-O, toma de guía lo que determinó el Supremo en la sentencia del juicio del Procés. Deja fuera de la demanda a los ex consellers Joaquim Forn, Josep Rull, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs –absueltos del delito de malversación–, pero mantiene a los exiliados Toni Comín y Lluís Puig, dado que, a pesar de no haber sido juzgados, Manuel Marchena resolvió que pusieron sus departamentos al servicio de la votación. También está incluido Puigdemont por ser el president de la Generalitat en el momento de los hechos. La Fiscalía también deja fuera a cargos intermedios como el ex secretario de Economía Josep Maria Jové y la ex directora general Natàlia Garriga, dos interventoras de la Generalitat y el ex director de Patrimonio Francesc Sutrias.
¿Un nuevo respiro?
Los investigados por el Tribunal de Cuentas cogieron aire cuando la nueva sala de justicia decidió hace unas semanas aceptar los avales del Institut Català de Finances para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros que la delegada instructora impuso en junio del año pasado. La decisión, tomada por dos votos a favor y uno en contra, permitía liberar dinero de la caja de solidaridad y evitaba el escenario de tener que presentar propiedades personales como garantía hasta que no se produjera una hipotética condena.
A pesar de la rebaja económica, el retroceso en la judicialización del Procés por la vía contable es parcial. La Fiscalía no ha considerado retirarse como acusación. El gobierno español es consciente desde hace meses que este es un frente importante en el contexto de distensión con el independentismo y la renovación de los doce consejeros puede acabar beneficiando los encausados en la fase judicial, tal como ha pasado con la cuestión de los avales del ICF. La sala de justicia la componen cuatro personas, dos propuestas por el PP y dos por el PSOE. La consejera que juzgará el caso es Elena Hernáez, ex alto cargo del primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, pero en caso de apelación hay una mayoría de miembros designados por el PSOE que son, precisamente, los que han dado luz verde a los avales del ICF.
La renovación también provocó que saltara el fiscal en jefe del Tribunal de Cuentas anterior, Miguel Ángel Torres, que a propuesta del PP pasó a consejero. Él promovió una amplia acusación que ahora se ha visto parcialmente enmendada por el fiscal Martín-Granizo, más afín a Dolores Delgado. En parte condicionada por la sentencia del Supremo, la Fiscalía hace un pequeño gesto pero mantiene la amenaza del Tribunal de Cuentas.
