¿Qué hacer (de forma realista) contra la corrupción?
Está previsto que Pedro Sánchez proponga una batería de medidas para combatir la corrupción. Veremos. Existe el peligro de abordar el fenómeno como si se tratara de un problema de avidez o falta de probidad de varios políticos o funcionarios, dado que la proliferación de casos obedece a una mezcla de cosas: la prorrogada cultura picaresca que ha caracterizado a la política española (y catalana) durante los largos períodos no democráticos, oligarquías debido al modelo económico neoliberal imperante –que ha forjado una serie de contravalores que hace que sea más eficiente aceptar un cierto grado de transgresión si actúa como palanca de progreso material.
Durante años, esta lacra se había visto favorecida por la inmadurez democrática del posfranquismo y por la pésima gestión de la memoria histórica de la Transición, hasta forjar a una generación de ciudadanos como la de nuestros padres, acríticos con la mentira y la depravación. El clima de bonanza económica en los años noventa y primeros del siglo XXI fue propicio para que muchos, en plena exuberancia irracional, pensaran como ese candidato a presidir un estado de Brasil: "Robo nunca fagoLa diferencia es que ahora hay un hartazgo del que sólo se benefician las opciones populistas y la ultraderecha. Por eso, sin alarmismos, hay que prestar atención a algunos precedentes de cambio político poco edificante como el italiano de los años 1990, donde el fastidio por la Tangentopoli derivó en la implosión del sistema clásico de partidos a favor del .
Por lo que respecta a Cataluña, recomiendo dejar de lado la suficiencia moral y admitir que en nuestro país también ha habido corrupción, y que no es herencia de la tradición pública española, de la que, por cierto, el Principado se benefició durante la Restauración o las dos dictaduras del siglo XX No hay ningún determinismo divino y distinguido entre un norte industrio y al hablar de la moral protestante y el origen del capitalismo. Aquí, además, la corrupción ha sido política y no administrativa: la relación funcionario-político a la vista de los casos judicializados es de 1 a 10, a diferencia de las cleptocracias africanas, pongamos por caso, donde lo inaudito es toparse con un funcionario honesto. local, donde el urbanismo, especialmente en los municipios de costa, goza de un grado de discrecionalidad elevado.
Sin embargo, hay que reconocer que no existen datos estadísticos fiables. Los estudios demoscópicos del CEO o del CIS reflejan que la percepción social es siempre mayor que la real. Transparencia Internacional trabaja con esos mismos parámetros. Pero la percepción social se ve condicionada por los estados de opinión que se crean cuando estallan determinados episodios como el que ahora asedia al PSOE. En cualquier caso, admitiendo que la corrupción es sobre todo política, una serie estadística histórica de datos de la Fiscalía o el CGPJ revela que la proporción de casos en los juzgados respecto al número de electos es del 0,7%. Es decir, existen muchos más políticos honestos que corruptos.
Esto no quiere decir que no sea necesario mejorar la actitud de los políticos y de los partidos. Uno de los grandes problemas es que la moderna política se encuentra secuestrada por una partitocracia cada vez más competitiva y onerosa, que aparca el interés general y tiene una concepción patrimonial del poder. Es necesario un cambio de cultura política que refuerce los valores y la ética pública. Instituciones que den confianza, que gestionen de la mejor manera posible lo que es de todos y para todos, y que sientan las bases de un cambio real y no aparente. Esta virtud cívica requiere, por supuesto, una postura republicana, es decir, la participación activa del ciudadano en los asuntos y eventos públicos. Que el ciudadano salga de su individualidad y su pasividad. Esto significa una mayor transparencia para conjurar el peligro de prácticas arbitrarias, cumplir el marco de infracciones y sanciones a los políticos y cargos públicos que no cumplan la ley y los códigos éticos, dotar a los partidos de una financiación sólo pública y suficiente, y extremar aún más los controles económico-financieros de partidos y administraciones y de las adjudicaciones de los contratos públicos.
