La Generalitat da un paso adelante con la causa de Exteriores
Finalmente, el Govern ha encontrado la fórmula jurídica para cubrir las fianzas (totalmente exorbitantes) impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 cargos y ex cargos de la Generalitat a los cuales se responsabiliza de la acción exterior de la Generalitat entre 2012 y 2017. El conseller de Economía, Jaume Giró, explicó ayer que el consejo ejecutivo había aprobado la creación de un fondo de riesgos dotado con diez millones de euros al cual se puedan acoger todos los servidores públicos, con el objetivo de cubrir los perjuicios económicos que se puedan derivar del ejercicio de sus competencias. De entrada este fondo dependerá del Institut Català de Finances, pero a la larga se creará una entidad externa que vendrá a ser como una aseguradora pública que cubrirá todo aquello que queda fuera de los seguros privados que tiene contratados la Generalitat.
Este fondo no dispondrá dinero en efectivo a los demandantes, sino que lo que hará será hacer de avalista ante un banco, que será quien prestará el dinero de la fianza al afectado. Giró dejó muy claro que en ningún caso se puede hablar de malversación porque, en el supuesto de que haya una sentencia firme y se hayan agotado todas las instancias judiciales, estatales e internacionales, la Generalitat exigirá la devolución del dinero (con los intereses correspondientes) a los solicitantes. ¿Y cuál es el fundamento jurídico para crear este fondo? Pues, según explicó la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, el "principio de indemnidad" recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público y en numerosas sentencias judiciales.
A pesar de que es evidente que el fondo se ha creado ahora para hacer frente a las fianzas del Tribunal de Cuentas, también se podrán acoger a él otros perfiles como por ejemplo el ex conseller Santi Vila, al cual un juzgado aragonés reclamó una fianza de 216.000 euros por el caso del arte de la Franja y que se vio obligado a aportar las escrituras de su casa como aval. Los que no se podrán acoger, sin embargo, serán los condenados por el 9-N porque ya hay una sentencia firme.
La creación de este fondo, en todo caso, tiene que ayudar a acabar con el clima de psicosis y persecución judicial que se vive entre una parte del funcionariado catalán después de comprobar el grado de arbitrariedad con el que funciona el Tribunal de Cuentas. Se tiene que tener claro, sin embargo, que esta causa a la larga es casi imposible que sea avalada judicialmente porque supone, en la práctica, la aplicación de unos criterios de justicia retroactiva sin posibilidad de defensa del afectado. Uno de los casos más flagrantes es el de la ex interventora general Mireia Vidal, a la cual se le reclama tres millones de euros por unas decisiones que, además de ser legales en el marco de los asuntos exteriores, no eran tampoco de su incumbencia, puesto que ella era una técnica responsable del cumplimiento de los presupuestos y garante de la legalidad del gasto pero no una política. Su función era comprobar que los mecanismos de gasto fueran los correctos.
Con su actuación, el Tribunal de Cuentas está dinamitando el funcionamiento de la administración pública, aplicando criterios ideológicos en lugar de legales y creando un clima de miedo y de inseguridad jurídica. Y, ante esto, la Generalitat hace bien de defender a los servidores públicos.
