Los gobiernos independentistas de coalición de los últimos años nunca se han significado por su cohesión y solidez. Nos hemos acostumbrado a lo que se puede definir como una fragilidad constitutiva. Las tensiones del Procés y del post-Procés han definido este tipo de gobernanza inestable, equilibrista, tensa. El que preside Pere Aragonès no es una excepción. Su investidura ya fue un parto complicado y desde el minuto uno no ha dejado de verse afectado públicamente, a la más mínima ocasión, por fuertes fricciones internas en cuestiones capitales, empezando por la mesa de diálogo con el Estado y acabando por la defensa del catalán en la escuela. De forma que su continuidad ha sido garantizada no tanto por méritos propios como por la carencia de mayorías alternativas.
Así pues, más que un gobierno de coalición, lo que funciona en el Palau de la Generalitat es un gobierno de facciones, con dos partidos en competencia dentro del ejecutivo. Los rifirrafes internos a veces son más crudos que los ataques que vienen de la oposición: así ha sido, por ejemplo, con la respuesta al 25% de castellano impuesto por vía judicial. Esta praxis de enfrentamiento interno, claro, no es una originalidad privativa de Catalunya –pasa en muchas latitudes, empezando ahora mismo por la Moncloa–, pero sí que aquí nos hemos ido acostumbrando y ya casi ni nos sorprende. Cosa que no quiere decir que nos tengamos que conformar, porque naturalmente tiene un coste político, social y económico indiscutible: el país se resiente, no hay una línea gubernamental de actuación clara ni única, la competencia interna crea distorsiones, la capacidad negociadora con el Estado y la interlocución con los agentes sociales salen debilitadas. Y todo esto, en medio de la difícil salida de la crisis pandémica.
En este contexto, este martes uno de los dos socios de gobierno, JxCat, ha hecho pública su hoja de ruta política, en la cual abre la puerta a salir del ejecutivo. La música de fondo ya existía, ya se había verbalizado, pero ahora se ha puesto negro sobre blanco en un documento oficial de la nueva dirección bicéfala del partido, encabezada por la presidenta Laura Borràs y el secretario general Jordi Turull. Si llega el momento, las bases tendrán que avalar una eventual ruptura, de la que, aun así, están más cerca Borràs y su entorno que Turull. De hecho, entre los consellers que Junts tiene en el ejecutivo se apuesta por la continuidad. Pero el hecho de oficializar la posibilidad supone un nuevo golpe al gobierno de coalición y a la misma unidad independentista, tan retóricamente anhelada. A un año de las elecciones municipales, aprovechando el evidente desprecio de Pedro Sánchez a ERC (con la mesa de diálogo y con la ejecución presupuestaria) y con Junts en proceso de relanzamiento, parece que en el espacio puigdemontista se impone la fórmula de marcar perfil respecto al socio republicano. Habrá que ver hasta dónde llega la apuesta. En todo caso, el gobierno independentista de coalición solo tiene garantizado, como máximo, un futuro de estabilidad inestable. Pero el como peor, mejor tiene sus límites: dejar perder cuotas de poder institucional es siempre un riesgo.
