Una hipótesis

Una hipótesis sobre el caso Cerdán sería que la línea de defensa de Benet Salellas fuese cierta, en el sentido de que la Guardia Civil hubiera fabricado pruebas falsas y que la justicia (el Supremo) hubiera admitido estas pruebas falsas como indicios incriminatorios. Esto no debería querer decir necesariamente que el ex secretario de organización del PSOE y sus amigos, el ex ministro José Luis Ábalos y el ex asesor Koldo García, no fueran culpables, y también una tropa de orangutanes notorios. Pero podría ocurrir (no sería la primera vez) que alguien dentro de la policía y la justicia, llevado por el comprensible y fogoso entusiasmo de salvar a España, hubiera decidido añadir por su cuenta algo de intensidad al relato de los hechos. Por ejemplo, parece seguro que dichos exdirigentes socialistas compartían su entusiasmo por la prostitución, y por pagarla con dinero de dudosa procedencia, y la prueba de que esto será así es que el PSOE haya incluido una cláusula antiputeros en su código interno de conducta. Pero, ciertamente, el hecho de que unos gamberros sean y se comporten como unos gamberros no es incompatible con la existencia de pruebas manipuladas.

No hace falta ni invocar a Pegasus, un caso que entra en el ámbito del alto espionaje. Hablamos de un nivel bastante más bajo: policías, y jueces y fiscales, haciendo trabajo sucio para derribar a un gobierno que no les conviene y que, además, consideran ilegítimo, como se ha repetido tantísimas veces desde la derecha nacionalista. En España, la fabricación de pruebas falsas (y su posterior publicación, su utilización en la construcción de opinión pública y publicada, e incluso su judicialización) ha sido un instrumento bastante utilizado por la llamada policía patriótica a la hora de cargar sospechas, o denuncias falsas, sobre los enemigos del Estado. Lo saben bien desde Xavier Trias hasta Pablo Iglesias, pasando ahora mismo por Mónica Oltra y decenas de activistas independentistas o de izquierdas, e incluso activistas en favor de los derechos humanos. La diferencia en este caso consistiría en crear este tipo de pruebas, y utilizarlas contra miembros del gobierno de España, o personas de la máxima confianza. El delito y el fraude democrático serían los mismos, pero habría un salto cualitativo a su alcance: no deja de ser diferente, en España, ir contra el PSOE que ir contra los catalanes, o contra los antisistema.

Si en algún momento del camino judicial del caso Cerdán –que se adivina largo y tortuoso– se llegara a probar que este tipo de prácticas han existido, el escándalo sería mayúsculo y necesariamente tendría consecuencias. Este fin de semana de comité federal del PSOE y congreso del PP ha marcado la salida en la carrera final hacia las próximas elecciones generales, una carrera que –dure lo que dure– será previsiblemente aún más agresiva y estará aún más embarrada que la legislatura hasta ahora. Pruebas fabricadas y admitidas a juicio contra el partido del gobierno sería otro giro de guión que de momento no se ve pero que no sería inverosímil, dado el tono enloquecido de la comedia. Apuntémoslo sólo como hipótesis.