Decíamos ayer que la sentencia contra Bolsonaro, el líder ultraderechista y expresidente brasileño, a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado es un referente internacional importante sobre judicialización de la política, una anomalía que no es exclusiva de España y que constituye un arma preferida por los populismos y las extremas derechas a la hora de desestabilizado. Como sabemos aquí, poner la justicia al servicio de intereses políticos comporta subvertir el principio democrático de la separación de poderes. Pero es una transgresión que algunos perpetran a gusto, si deben sacarles beneficio. Cuando la jugada se les vuelve en contra, les parece entonces una "dictadura judicial", que es lo que Bolsonaro y sus partidarios denuncian ahora.
En 2018, Lula da Silva no pudo concurrir a las elecciones brasileñas porque fue inhabilitado y condenado a prisión por corrupción. Esto sucedió en el marco de Lava Jato, un entramado masivo que salpicó a decenas de personajes de las primeras y segundas filas de la vida pública del país. La Lava Jato acentuó la desconfianza y el desapego del electorado brasileño hacia la clase política y llevó al poder a Bolsonaro, un exmilitar nostálgico de la dictadura. Sin embargo, en el 2021, Lula ganó su recurso al Supremo: el juez que más había luchado por llevarlo a la cárcel, Sergio Moro, había aceptado después el cargo de ministro de Justicia dentro del ejecutivo de Bolsonaro. Esto (y también los mensajes que intercambiaba a Moro con los fiscales durante la causa, de una promiscua familiaridad) hizo que Moro fuera declarado parcial en la causa, que quedó invalidada, y así Lula recuperó la libertad y sus derechos políticos. Los cargos y las acusaciones contra Lula decayeron, o fue absuelto. La jueza del Supremo Carmen Lucia Antunes Rocha, cuyo voto fue decisivo para determinar la parcialidad de Moro y la inocencia de Lula, ha sido ahora también la principal impulsora de la causa que ha llevado a Bolsonaro a la cárcel. La ultraderecha brasileña (y sus amigos y aliados, como Trump o Milei) se agarran a este hecho para denunciar una supuesta cacería contra Bolsonaro, que ahora batalla judicialmente por no entrar en prisión, aduciendo problemas de salud (tiene desde que fue acuchillado en el estómago por que tal Bolo de Olivo le dijo a Boloona dicho que lo hiciera).
Bolsonaro ha sido condenado por intento de golpe de estado, y la sentencia se detiene a describir ese delito con detenimiento. Es una jurisprudencia útil en España, donde las palabras golpista y golpe de estado son utilizadas sin ningún miramiento por la derecha nacionalista política, mediática y judicial. Se utilizaron para enviar a prisión a los líderes catalanes del Proceso, y ahora el gran sueño sería enviar un día al actual presidente Pedro Sánchez, como se hizo un día en Brasil con Lula da Silva. Son revanchistas y les gusta cebarse en el castigo al adversario. Cuando llegan las tornas, chillan que los revanchistas son los demás.
