El gobierno de Salvador Illa ha cumplido dos años, y es un buen momento para hacer un balance provisional. El PSC ganó las elecciones sobre todo porque instaló la creencia de que los gobiernos independentistas de los últimos años habían sido incapaces de gestionar adecuadamente la Generalitat, ya fuera por incompetencia o porque se ocuparon de otras aventuras. La buena conexión del PSC con el establishment empresarial, mediático y sindical del país le ayudó a proyectarse como una opción de rigor y profesionalidad, frente a los aventureros y aprendices (sic) que le habían precedido. La operación de construcción del relato fue todo un éxito, hasta el punto de que consiguió acomplejar a una parte del independentismo. En el entorno de ERC, sin ir más lejos, hubo quien asumió el relato del PSC sobre la incapacidad de gestión de su propio gobierno.
Illa llegó a la presidencia con una doble promesa: aparcar cualquier agenda federalista o de ampliación del autogobierno, y dedicarse a la gestión eficaz de la autonomía. La primera parte de la promesa la ha cumplido al pie de la letra. Las únicas excepciones son las cesiones que no han podido evitar para conseguir investiduras en Cataluña y en Madrid. Pero la mayoría de los acuerdos más relevantes, de momento, los han incumplido.
En cuanto a la segunda parte de la promesa fundacional, la de la buena gestión, el balance es más discreto. Es fácil hacer una lista a modo de ilustración. Los problemas con la red ferroviaria se han agravado significativamente. Llevan meses alargándose las tensiones en el sistema educativo, cerradas en falso con un sorprendente acuerdo de Schrödinger con los sindicatos, que difícilmente pasará a los anales de las negociaciones brillantes. El desbarajuste con las pruebas PISA, invalidadas por la OCDE por un intento –aún no sabemos de quién– de sesgar la muestra. Los retrasos y bloqueos en procesos ordinarios de contratación pública y de nombramiento de interinos y sustitutos en diversos departamentos. La gestión de la peste porcina africana, "solucionada" con el cierre indefinido de los espacios naturales de una de las áreas metropolitanas más densas de Europa. Tampoco ha sido especialmente brillante la gestión del Plater para el despliegue de las energías renovables. Y la tensión va subiendo en sectores como los de la salud y el campesinado. En vivienda, los agujeros introducidos por el PSOE en la regulación (los alquileres de temporada) han absorbido una gran parte del mercado ordinario de alquiler y, a pesar de las promesas, la construcción de nuevas viviendas va lenta, como se podía esperar.
La lista es parcial, porque las cosas que funcionan son menos visibles que las que no van bien. Pero es lo bastante larga, como mínimo, para revisar críticamente el relato de la competencia en la gestión del PSC. Sobre todo si tenemos en cuenta que es un Gobierno que lo tiene todo a favor: los socialistas gobiernan en solitario (o casi) en todos los niveles institucionales, cuentan con una gran protección mediática en Cataluña, y han recibido apoyo parlamentario a los presupuestos a un coste político muy bajo, a diferencia de lo que hizo Illa con el Gobierno anterior, al que impuso unas condiciones imposibles.
Ante este balance, sería fácil decir que los gobernantes actuales son incompetentes, quizás más incluso que los de antes. Pero la realidad, encuentro, es más compleja. Ciertamente, los partidos a menudo priorizan la lealtad por encima de la competencia en el reclutamiento de cuadros. Y cuando intentan reclutar profesionales, a menudo encuentran dificultades. A pesar de los salarios elevados, los costes personales y de reputación son altos. Además, la reinserción laboral después del paso por la política es difícil. Y todo el mundo es consciente de que la administración no se lo pondrá fácil para poner en marcha y hacer funcionar proyectos ambiciosos e innovadores.
En todo caso, la calidad de los cuadros políticos no es, ni de lejos, el problema principal. La administración catalana arrastra una serie de tensiones estructurales que a menudo la llegan a paralizar. La Generalitat hace décadas que sufre una infrafinanciación estructural y deliberada, y no se ha recuperado nunca de los efectos de los recortes de 2010-15. Además, la población catalana ha ido creciendo, en cantidad y complejidad, sobre todo a causa del envejecimiento y las fuertes desigualdades.
Pero, además, la administración de la Generalitat se ha ido degradando endógenamente. Lo que en un momento determinado fue una institución joven y dinámica, con ambición e ideas propias, se ha anquilosado y se ahoga en un modelo funcionarial muy mal entendido, incapaz de modernizar los procesos de reclutamiento y promoción, con perfiles obsoletos, envejecidos y desmotivados. Y sufre una expansión sin parar de la versión más disfuncional del derecho administrativo, con la proliferación infinita de protocolos y procedimientos cada vez más lentos y enrevesados, siempre pensados desde la desconfianza en los gestores públicos.
Aunque son plenamente conscientes, para los partidos –los viejos y los nuevos– es mucho más tentador atribuir los problemas a la incompetencia de quien gobierna y tratar de convencer a la gente de que ellos serán mejores gestores. Pero una y otra vez estas promesas chocan con una realidad mucho más compleja. La reforma de la administración y de su financiación que haría falta es varios órdenes de magnitud más profunda de lo que el aparato funcionarial, el marco legislativo, las relaciones laborales en el sector público y los incentivos políticos en Cataluña y España permiten y permitirán.
