Cada vez que se habla de inmigración cometemos un error. Hablamos de una sola inmigración cuando, en realidad, existen dos. Y ambas persiguen objetivos completamente distintos.
La primera es la inmigración laboral. Su finalidad es incorporar trabajadores allí donde el mercado los necesita. España la necesita. Nuestra población envejece, faltan profesionales en numerosos sectores y buena parte del crecimiento económico reciente se explica precisamente por el aumento de la población activa. Negarlo sería ignorar la realidad.
La segunda es la inmigración de acogida. La forman quienes huyen de una guerra, de la persecución, de la violencia o de situaciones extremas de exclusión. Aquí el criterio ya no es económico. Es moral. Una sociedad democrática debe reservar recursos para proteger a quienes más lo necesitan.
El problema es que actuamos políticamente mezclando ambas. La inmigración laboral debería responder, sobre todo, a las necesidades del mercado de trabajo. ¿Qué perfiles profesionales necesitamos? ¿En qué sectores? ¿Con qué condiciones de integración? La inmigración de acogida debería responder a otra pregunta distinta: ¿cuántas personas podemos atender dignamente con los recursos disponibles?
Australia y Nueva Zelanda figuran entre los países desarrollados con mayor porcentaje de inmigración. No son sociedades cerradas. Todo lo contrario. Pero distinguen con mucha claridad la inmigración laboral de la inmigración de acogida. En el primer caso, la residencia permanece estrechamente vinculada al empleo. Si desaparece el vínculo laboral y no se encuentra otro trabajo en un plazo razonable, se fuerza a las personas a salir del país. En tres a seis meses. Si no te marchas, pagas la extradición y durante tres años no puedes volver a entrar en el país. Resultado: poquísimas personas en overstay (situación ilegal).
Eso no impide mantener programas humanitarios de acogida. Simplemente evita gestionar con un mismo criterio dos realidades completamente distintas.
El año pasado, en España, había 840.000 inmigrantes en situación irregular. Se ordenaron solo 50.000 salidas. Y en dos años se ejecutaron realmente 8.000. Luego están las innumerables opciones que se da al inmigrante sin trabajo para quedarse: arraigo socioformativo, arraigo social, arraigo de segunda oportunidad…
Es bastante fácil quedarse en España y no trabajar. Y, lo siento, pero no puede ser. Aquí se viene a hacer turismo y dejar dinero, a trabajar y contribuir y, solo si es el caso, a ser acogido por caridad.
La inmigración laboral deberíamos gestionarla con mano dura. La de acogida con mano tendida, pero acotada a un número máximo que podamos pagar y sostener.
Inmigración laboral y de acogida. Las dos son necesarias. Pero no diseñemos una con los mecanismos de la otra.
Porque, entonces, pasan cosas como las de Ceuta.
