Inversión del Estado en Catalunya: la misma decepción de siempre

La historia se repite. Pasan las décadas, cambian los gobiernos, hemos transitado de la desafección al Procés, y de este a la represión y al supuesto diálogo. A la práctica, sin embargo, el resultado acaba siendo el mismo: sea cual sea la promesa de inversión presupuestaria, al final la ejecución de lo que estaba previsto siempre se queda corta en Catalunya. No hay manera de que el Estado cumpla. Este 2021 ha vuelto a pasar, y no precisamente por un margen estrecho. Un estado responsable, preocupado realmente por dar un trato justo a una región especialmente relevante en términos económicos y, además, con una situación política potencialmente rupturista, tendría que ser el primer interesado en dar un trato justo a Catalunya. Pues no. No es así y, si nos atenemos a los datos, no parece que se tenga que corregir. Según un estudio de la Cámara de Barcelona del año 2020, desde el 2001 y hasta aquella fecha el Estado ya dejó de invertir en nuestro territorio el 25% de lo que había presupuestado. En total, 8.000 millones de euros.

El 2021, en un supuesto momento de recoser heridas y de encontrar una salida al pleito soberanista –al menos esta era la retórica oficial desde la Moncloa–, paradójicamente la cosa todavía ha sido peor: la ejecución presupuestaria del gobierno español en Catalunya se ha cumplido en un 35% en cuanto a la inversión real territorializada. Es decir, el incumplimiento ha sido del 65%. En total, llegaron a 739,8 millones de euros, según datos del mismo ministerio de Hacienda. La cifra estimada que recogían las cuentas públicas del Estado era de 2.101 millones, de los cuales se han hecho efectivos una tercera parte. Además, del total de la inversión que se podía regionalizar, Catalunya recibió un 9%, una cifra que también deja atrás su peso en el PIB español. A todo esto hay que sumar el agravio comparativo con Madrid, también histórico. El 2021 la comunidad autónoma de Madrid dobló la inversión prevista: tenía que recibir 1.151 millones (un 8,9% del total regionalizable) y en cambio le llegaron 2.086 millones, un 184% del previsto. ¿Por qué no pasa nunca a la inversa? ¿Por qué no se queda nunca corto en Madrid y largo en Catalunya?

Datos como estos solo sirven para profundizar y dar argumentos a una transversal desconfianza catalana. Antes del estallido independentista, hubo serios intentos del catalanismo de avanzar hacia el concierto fiscal, es decir, hacia un auténtico federalismo en el que Catalunya pudiera recaudar sus propios impuestos. La negativa radical y tajante a aquellas propuestas fue, en buena parte, responsable de la oleada política posterior. Lo que ha venido después han sido buenas palabras y muy pocos hechos, y no solo en términos económicos. En todo caso, como demuestran estos números, la realidad sigue siendo tercamente y dolorosamente desigual a la hora de ejecutar las inversiones. La inercia centralista de la administración del Estado se mantiene: el convulso periodo histórico que hemos vivido no parece haber cambiado la sensibilidad hacia Catalunya, ni siquiera con el primer gobierno español progresista de coalición, con apoyo independentista. Una evidencia muy decepcionante.