Los jóvenes extutelados queremos que se nos escuche

Aquella tarde tenía un examen y me aferraba al clásico repaso de última hora, ese con el que confías en que la memoria podrá vencer el tiempo, grabando a contrarreloj contenidos que no has conseguido retener en semanas. Entre apuntes desordenados y subrayadores medio secos (penúltimo examen del curso), recibí una llamada de la L., y, entre somics y palabras entrecortadas, entendí: "Derechos Sociales" - "mail" - "36.000 €" - "no sé cómo" - "llame".

–Tú también.

–¿Yo también?

Sí, yo también. Todo.

Un correo frío, aséptico, del departamento de Derechos Sociales e Inclusión me anunciaba el inicio de un expediente de revisión de la prestación económica que recibo desde los 18 años (ahora tengo 22) como menor extutelada. Tenía 10 días para presentar alegaciones y probar que había residido siempre en Catalunya –¿dónde, si no, sin apoyo familiar y siguiendo un itinerario formativo?– y que había cumplido con el Plan de Trabajo Individual, la herramienta indispensable para seguir percibiendo la prestación, que renuevo religiosamente cada seis meses.

Hubo unos segundos de negación de la realidad. De poner el modo avión y simular que nada de eso había pasado. Hacer el examen esa tarde. Preparar lo último. Trabajar y disfrutar de unos días de vacaciones. Hacer como si nada. Pero la cifra me lo impedía. Los 36.068,61 € me venían a la cabeza una y otra vez.

Con L. y otras amigas afectadas creamos un grupo de WhatsApp. Los segundos goteaban personas y en poco más de cuatro días pasamos de un grupo de cinco amigas a uno de 140. Todas asustadas, pero también dispuestas a utilizar esta inquietud de motor para levantar la voz. Denunciar públicamente. Hacer entender que nos sentíamos jefes de turco y, sobre todo, que se nos estaban vulnerando derechos como la presunción de inocencia.

Por primera vez hemos oído como colectivo que la opinión pública se situaba de nuestro lado y no nos criminalizaba o nos espetaba que sólo vivimos de ayudas. Cabe decir que la juventud extutelada, para quien tenga dudas, vivimos mucho en precario y llegamos a todo antes de tiempo. Nos emancipamos mucho antes que el resto de jóvenes, entre los 18 y los 23, y también en ese momento entendemos qué significa no llegar a fin de mes. La prestación es de 778,49 € y con ella debemos asumir una parte del pago del piso donde residimos, y en caso de que trabajemos se nos reduce.

En poco más de una semana, el correo recibido era un mero trámite, los 10 días eran prorrogables y las cifras podían bajar o incluso ser 0. Reconozco que el departamento fue rápido en la reacción y agradezco que, incluso, nos citara para disculparse y darnos explicaciones en primera persona.

Pero eso no borra una semana de zumbido constante y ruidoso, que no pudiera asistir a los dos últimos exámenes de curso, que perdiera dos kilos y que tuviera que atender constantes llamadas de personas que, entre lágrimas, me decían que no sabían lo harían y yo no encontrara palabras.

Una administración destinada a protegernos no debería generarnos este sentimiento de desprotección y reincidir en nuestra vulnerabilidad. Desde que salimos del sistema de protección cuando hacemos los 18 debemos poner todos nuestros esfuerzos en construir un proyecto de vida sostenible, que nos permita ser independientes cuando no tengamos ni prestación ni cobertura de vivienda. Damos pasos cortos para no caer, poniendo un pie tras otro, cada vez con más firmeza, y golpes como éstos nos desestabilizan. Nos recuerdan de nuevo nuestra vulnerabilidad.

Tenemos un sentimiento de injusticia, y no tanto por el qué como por el cómo. El dinero público debe fiscalizarse, sin duda, pero no así. No con una carta sin previo aviso, llena de tecnicismos, acusándonos sin explicar el porqué, dando un margen corto para demostrar que somos inocentes y anunciando una afectación de tan alta cantidad. Porque lo que hemos vivido, hay que decirlo, es violencia institucional. A veces es suficiente con un tono más humano, con un lenguaje que no te haga sentir, de nuevo, pequeña y controlada.

Confiamos en que el departamento cumplirá su palabra, que en breve recibiremos una carta –esta, precedida de un trabajo previo por su parte– diciéndonos a muchas de nosotros que todo esto ha sido un error, o una pesadilla para nosotros. Confiamos sobre todo en que esto no volverá a repetirse y, para que así sea, pensamos que es imprescindible que se nos permita participar como colectivo en esta transformación de la DGAIA en la DGPPIA. Porque nadie conoce tanto el sistema y sus trabas como nosotros. Y porque más que darnos voz, que tenemos, lo que hace falta es que se nos escuche. Porque queremos un futuro en el que ningún joven tutelado ni extutelado tenga que recibir nunca más un mail como aquél.