Impotencia. La manifestación de una gran impotencia, que significa ninguna capacidad para ejercer el poder. Ésta es la principal, verdadera y triste conclusión a la que se llega tras leer las cinco páginas que ocupa el acuerdo presentado el lunes por la Comisión Bilateral entre la Generalitat de Catalunya y la Administración General del Estado. Y, aún más, después de compararlo con el acuerdo de investidura entre el Partido de los Socialistas de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya del pasado 7 de agosto, hace prácticamente un año. Una negociación entre miembros de un mismo equipo para no molestarse el uno al otro.
Es cierto que las cinco páginas del acuerdo de la Comisión Bilateral intentan acercarse a la retórica del acuerdo de investidura, pero quedan lejos. Muy lejos. No sólo no concretan nada, sino que lo diluyen todo. Los expertos de la Comisión Bilateral han tardado once meses, sin disimulo posible, en convertir las cuatro páginas que el acuerdo de investidura dedicaba al nuevo modelo de financiación en las cinco del acuerdo del lunes para aguar su contenido. Se desdibuja el papel de la Agencia Tributaria de Cataluña y se obvia el establecimiento de plazos para el traspaso de competencias. No se precisa el respeto al principio de ordinalidad. Está ausente ninguna previsión de calendario para hacer efectivo el supuesto nuevo sistema de financiación, que, por otra parte, queda sometido a un largo e incierto trámite legislativo en Madrid. Eso sí, supera cualquier exigencia de coherencia conceptual porque al mismo tiempo promete ser singular y generalizable, autónomo y coordinado, bilateral y multilateral... Y, aunque esto va de recursos, no hay cifra que comprometa al Estado a garantizar ningún incremento inmediato ni futuro, es decir, a reducir el déficit fiscal. Por cierto, hasta siete veces, cuando se anuncia un cambio se le añade un "sin perjuicio de"..., no sea caso. Los once años de retraso en la obligatoria renovación del modelo fiscal español ahora tampoco les ha apresurado a hacer previsión alguna y señalar cuáles serán los tempos del nuevo acuerdo.
Sin embargo, lo que es más interesante allá de la cuestión de la financiación es la expresión de impotencia política que confirma el acuerdo. Ya lo hemos visto en acuerdos previos, nacionales, estatales e internacionales. Desde el pseudotraspaso de Renfe hasta el atascado en materia de inmigración, el del fiasco del catalán en Europa e, incluso, el extraño no acuerdo con la OTAN para destinar el 5% del presupuesto español a Defensa, y pese a todo, firmarlo. Es decir, lo que el lunes presentó la Comisión Bilateral, una vez más, fue un no acuerdo. Un no acuerdo que es consecuencia de la imposibilidad de afrontar una solución justa para el déficit fiscal –si quiere llamar expolio, porque lo es– al que están especialmente sometidos todos los Països Catalans. Y esto, debido a una España de las autonomías aguantada no en un café para todos, sino en unos privilegios territoriales asentados a lo largo de los últimos cuarenta años y que ahora nadie es capaz de deshacerse. desinflar las posibles reacciones histéricas de la oposición política española en su versión más rancia y patriotera. Recuerde que la ministra María Jesús Montero quiere ser presidenta de Andalucía... Pero ni así. marco de sus propias impotencias para gobernar, con la única gracia de su delirante pronóstico de una Catalunya independiente gracias a Sánchez. de unos acuerdos sistemáticamente incumplidos por los socialistas, pero en los que cualquier escenario alternativo aún les sería peor. financiación, en políticas migratorias, en movilidad ferroviaria o aeronáutica, en sistema judicial, con respecto a la diversidad lingüística y cultural...– es una ilusión del espíritu, una forma de autoengaño sólo útil para la supervivencia de la suma de todas las impotencias en tiempos aciacos.
