El rey Felipe de Borbón vino a Barcelona a presidir el acto de entrega de diplomas a los nuevos jueces y me ha llamado la atención que la mayoría de comentarios –tanto aquí como en Madrid– han girado en torno a su figura, por razones previsiblemente opuestas. Los medios se han aferrado a un despliegue marca de la casa: inexpresivo, poco empático, lleno de tópicos sin sorpresa alguna: “Sin justicia independiente no existiría verdaderamente el concepto de comunidad democrática”, “Todos debemos preservar y respetar la independencia de la justicia”, “Los jueces deben ser independientes, inamovibles, sometidos al imperio de la ley”. Y no sigo para no aburriros, un compendio de retórica institucional. Naturalmente, según el lugar desde el que se leía, la interpretación variaba: en Madrid predominaban los elogios, atribuyéndole una defensa incondicional de la justicia, y ahí se insistía en poner en duda una retórica de apoyo sin fisuras al poder judicial, en un momento en el que hay muchas abiertas. Todo previsible.
Por eso me ha sorprendido que nadie haya hecho mucho caso de lo más destacado de este acto de consagración de varios novicios de la justicia: la intervención del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, que fue al grano y sin florituras. Directo a los jueces, en el convulso panorama actual, dijo: “No tengáis la tentación de influir en la actividad política”. Unas palabras que son un vistazo al sol en medio de la nubosidad actual. El mero hecho de tener que decirlas ya resulta indiciario. Y con la misma contundencia apuntó directo a la política: “Han provocado una degradación vicaria de nuestra profesión. Son ellos los que la estimulan”. Tras advertir de que posiblemente sería su última intervención en actos de este tipo, lo dejó claro: "La independencia del poder judicial exige que la política atienda a la renovación del Consejo", que es un deber que tienen. Y que el PP hace cinco años que tiene paralizada porque cree que le beneficia. Es decir, que no tiene vergüenza alguna de utilizar políticamente el poder judicial. Y lo hace de la peor forma: condicionando los nombramientos en beneficio propio. Es decir, poniendo en evidencia que la justicia no es independiente.
“La independencia –dijo Guilarte –es básicamente el aislamiento respecto a la influencia de los poderes del Estado. Y como garantía de los ciudadanos, es bidireccional: ni yo influyo en la actividad política, ni quiero que influyan en la mía”. ¿No es curioso que ya sea para enaltecerlo o para criticarlo hayan merecido más atención las previsibles palabras del rey que el contundente testamento del juez?
