La justicia no se atreve a tumbar los indultos
La sala tercera del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados contra los indultos a los presos políticos catalanes con un argumento que le permite no tener que entrar en el fondo de la cuestión. Lo que ha determinado es que los partidos (PP, Vox y Cs), entidades y personas particulares que interpusieron los recursos no están legitimados para hacerlo. Punto final. A pesar de que todavía existe la posibilidad de recurrir la decisión, todo apunta a que se acerca el final de la pesadilla de las condenas de prisión que la sala segunda del mismo tribunal impuso a nueve líderes políticos y sociales del independentismo.
A pesar de que esta era la solución más esperable, la experiencia aconsejaba no descartar que la justicia hubiera acabado tumbando los indultos. Habría sido un escándalo, una inadmisible intromisión de un poder, el judicial, en el ámbito de competencias de otro, el ejecutivo, pero seguro que más de uno soñaba con esta posibilidad.
En este sentido, hay que apuntar tres factores que pueden haber ayudado la justicia española a tomar la decisión jurídicamente más correcta. El primero es que es evidente que nunca como ahora la justicia española se había sentido bajo la vigilancia europea. Los reiterados fracasos del juez Pablo Llarena para conseguir la extradición del expresidente Carles Puigdemont y del resto de exiliados han hecho que los jueces españoles se lo tengan que pensar dos veces antes de arriesgarse a una desautorización europea. El caso catalán ha servido para poner en evidencia la distancia que todavía separa la magistratura española de la europea, mucho más garantista e ideológicamente neutral, y todavía pueden tener que afrontar la humillación que significaría que Puigdemont pueda un día entrar en España protegido por la inmunidad que le confiere el hecho de ser eurodiputado.
En segundo lugar, hay que destacar que, en contra de muchos augurios, la opinión pública española ha aceptado sin grandes muestras de rechazo una medida que tenía un riesgo político evidente. Es verdad que Pedro Sánchez necesitaba y necesita los votos independentistas para continuar en la Moncloa y sacar adelante sus proyectos, pero sería mezquino no reconocerle el valor de haber seguido adelante con unos indultos que muchos en el PSOE veían como una especie de suicidio político.
Y, en tercer lugar, es impensable que hubiera habido indultos sin la movilización masiva y sostenida en el tiempo a favor de los presos políticos que protagonizó la sociedad catalana, y el amplio y transversal apoyo que tenía la reivindicación dentro de Catalunya. Todas aquellas manifestaciones e iniciativas de solidaridad con los presos sirvieron también para presionar al gobierno español y para amplificar el eco, también en el ámbito internacional, de la injusticia que representaban las condenas.
Todo ello creó el caldo de cultivo propicio para los indultos, puesto que los presos se acabaron convirtiendo en un problema político y también reputacional para España en los organismos internacionales.
