La fiscalía del Tribunal Supremo, a través de la magistrada María Ángeles Sánchez Conde, ha llegado a la conclusión de que no existen indicios de terrorismo contra Puigdemont. Un tema que lleva días marcando la agenda con destacado protagonismo de Manuel García-Castellón y otros jueces abanderados del trascendentalismo judicial. Mezclar terrorismo y proceso de independencia es una tentación por la que algunos se dejan arrastrar con demasiada facilidad. La nación como realidad que trasciende a la política no deja de ser una herencia de lo sagrado: la definición de un ámbito de pertenencia que se sitúa por encima de la condición humana y opera imperativamente sobre ella. Como todo referente trascendental sirve para justificar lo mejor y lo peor.
La cuestión independentista –que simplemente sustituye a una nación por otra– circula por este territorio: el choque de patrias que la fundamenta no deja de ser una versión encarnada de lo sagrado. La patria como portadora de una idea de adhesión incondicional. Y como siempre ocurre cuando se entra en el ámbito de la creencia de obligado cumplimiento, todo se envenena. Entramos en el conflicto de absolutos: la patria española y la patria catalana que los ojos de los creyentes no admiten en términos medios. Solo tiene cabida la redención.
Las instituciones democráticas se basan en la libertad del ciudadano, que es quien da la legitimidad a través del voto y la representación. Y en ese terreno los imperativos trascendentales de estricto cumplimiento tienen un inevitable efecto destructivo: la negación del otro. La eterna dinámica de los justos y los pecadores, los nuestros y los demás. Las instituciones democráticas están ahí para capear esta dinámica de confrontación entre buenos y malos que hemos heredado de las tradiciones religiosas. Y precisamente por eso es grave que, alimentada por las pasiones patrióticas que a menudo impiden ver el bosque, la justicia se deje enredar por esa lógica.
Jugar, en nombre de la patria, con el concepto de terrorismo es una irresponsabilidad que en el fondo lo que hace es banalizarlo. En el ejercicio de derechos esenciales como el de manifestación pueden darse momentos de tensión y efectos violentos y condenables. Y en la conflictividad social hay muchas formas de violencia tipificadas que nada tienen que ver con el terrorismo. Situarlas en esta esfera no es más que una forma de normalizar el terror, y de dar barra libre a la radicalización de la respuesta jurídica y policial. El simple hecho de que se dé una situación de violencia no es terrorismo. Y apostar por la confusión solo conduce a la arbitrariedad, que es una expresión de la injusticia.
