Kafka y las ayudas sociales a devolver
El miércoles, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, comparecía a petición propia en el Parlament para hablar delescándalo que ha rodeado la reclamación de la Generalitat a miles de familias de pagos indebidos vinculados a la renta garantizada de ciudadanía (RGC). Esta es la última red de seguridad para las personas en Catalunya que no tienen ingresos suficientes para vivir y han agotado otras vías, como el paro o las prestaciones no contributivas, y han pedido ya el ingreso mínimo vital (IMV).
Esta reclamación no es nueva, se ha hecho también, desde su creación, a muchos beneficiarios del IMV y rentas mínimas de otras comunidades. La exigencia de que devuelva el dinero que supuestamente ha cobrado de más responde principalmente a dos motivos. En primer lugar, a que el cálculo de la ayuda se hace en función no de lo que cobran ahora, sino de lo que cobraron el pasado año. Si este año han ingresado más que el anterior, en cada pago mensual se generará automáticamente un ingreso indebido. En segundo lugar, en la falta de coordinación entre el IMV y, en este caso, el complemento de la RGC. Sin entrar en los detalles del laberinto burocrático que supone obtener estas ayudas, debe tenerse en cuenta que, antes de solicitar la RGC, debemos pedir el IMV. Esta última ayuda probablemente tardará muchos más meses que la RGC en resolverse y entonces se concederá con efectos retroactivos. Y, por tanto, se habrán generado automáticamente unos pagos indebidos por los meses que hemos cobrado la RGC.
Con la ley en la mano, el Estado tiene potestad para reclamar estos pagos. Pero no podemos obviar que se deben a un mal diseño de estas prestaciones ya una falta de agilidad y coordinación entre administraciones. Y las consecuencias recaen sobre familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad tan grande, que no pueden cubrir los gastos más básicos ni ahorrar. Kafka habría escrito una novela de esto: la ciudadana sin recursos a quien una burocracia sin rostro le exige unos pagos que no entiende.
Es difícil reclamar unos pagos indebidos cuando la información sobre qué se cobra de la prestación varía periódicamente, de acuerdo con actualizaciones y aplicaciones de complementos, y sin informar debidamente a las personas de cuánto dinero reciben y por qué. La responsabilidad ciudadana debe ir acompañada de transparencia y explicaciones de la administración.
En el Parlament, la consejera habló de una amnistía a 3.500 personas, aquéllas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y no han actuado de mala fe. Y también habló de mejorar en la gestión de las prestaciones sociales, haciéndolas más ágiles y transparentes. Ésta es la única manera de enderezar el problema de fondo: no son unos ciudadanos sin escrúpulos, sino unas administraciones sin herramientas adecuadas para procesar datos y dar explicaciones. Y las consecuencias de una administración kafkiana van más allá de estas ayudas sociales: aumentan la desconfianza de toda la ciudadanía hacia todos los poderes públicos.