BarcelonaEl magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena tiene perpleja a la justicia europea y es el principal responsable de que la imagen internacional del estado español esté bajo mínimos, al menos en el ámbito legal. Su obsesión por lograr la extradición del ex president Carles Puigdemont lo ha llevado incluso, en el caso de Italia, a intentar engañar al Tribunal General de la Unión Europea, que pensaba que la euroorden estaba suspensa porque así lo había asegurado la Abogacía del Estado. Este lunes, sin embargo, el Tribunal de Apelación de Sassari ha decidido suspender el procedimiento de extradición hasta que se pronuncien el TGUE sobre la inmunidad y el TJUE sobre la cuestión prejudicial que presentó el mismo Llarena cuando la justicia belga rechazó la entrega del ex conseller Lluís Puig.
La derrota de Llarena de este lunes, sin embargo, es especialmente humillante. En primer lugar porque la policía italiana ignoró la petición del juez español de detener también a los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí, que se trasladaron a Cerdeña para apoyar a Puigdemont. Y en segundo lugar porque la Fiscalía italiana, en contra de su comportamiento habitual, se alineó con la defensa del ex president pidiendo la suspensión del procedimiento. Hay que subrayar que, habitualmente, las fiscalías siempre actúan en representación de los estados que piden la extradición. Pero el descrédito de Llarena y de la justicia española en general es tan grande que ni siquiera sus colegas europeos se ven con corazón de defender su postura ante los jueces.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, resaltó ayer que tenían "motivos para estar muy contentos", puesto que se ha demostrado que la línea de defensa del equipo del ex president y los ex consellers exiliados ha sido exitosa. Una defensa jurídicamente técnica que se enfrenta, al otro lado, con una justicia altamente politizada. Esta politización ha tenido este lunes un episodio surrealista cuando un abogado italiano ha intentado personarse en la vista en representación de Vox, lo cual el tribunal ha rechazado de entrada.
Hasta ahora, la derecha nacionalista española ha querido enmarcar en la mala relación histórica entre Bélgica y España las dificultades para la extradición. Pero no es solo Bélgica. Es Alemania, es el Reino Unido, y ahora Italia. No son países menores, sino democracias maduras; algunas, como en el caso alemán e italiano, nacidas después de la Segunda Guerra Mundial y que abjuraron de su pasado autoritario. En España, sin embargo, ni la democracia se afianzó haciendo tabula rasa del franquismo, sobre todo en el ámbito de la justicia, ni la derecha política ha cortado sus vínculos con el pasado ni se ha liberado de su ADN autoritario, tal como demostró Pablo Casado el domingo en Valencia. Tanto los unos como los otros están especialmente interesados en hacer descarrilar cualquier posibilidad de una salida negociada al conflicto y consideran a Llarena un tipo de héroe de una patria excluyente y uniforme.
Si el Tribunal Supremo quiere dejar de quedar permanentemente en evidencia tendría que apartar a Llarena de la causa y ser escrupuloso con los procedimientos y el tempo de la justicia europea.
