De la macroeconomía a los retos de país

El PIB de las economías catalana y española lleva unos años duplicando las tasas de crecimiento de las principales economías europeas, el paro se reduce y la inflación tiende a converger con el objetivo del 2%. Está claro que las cifras macroeconómicas describen una economía que va bien. Sin embargo, existe una percepción cada vez más generalizada, de la ciudadanía y el empresariado, que a pie de calle las cosas no van tan bien como parece; más bien existe un estado de opinión de que los problemas económicos y sociales se agolpan y que, pese a las buenas cifras, esto no acaba de funcionar y, lo que es más importante, que hay que reaccionar para que no vaya peor.

¿Se trata de una percepción subjetiva con poco fundamento o hay razones de peso que la justifican? ¿Por qué hemos llegado a esta situación y qué hacer? Quizá sea ese mismo impulso del crecimiento el que, por falta de anticipación y ejecución a largo plazo, ha desbordado la base social y económica sobre la que se sustenta.

Se ha desbordado en una doble dimensión: desde las infraestructuras básicas (de transporte, energéticas, hídricas y urbanas, incluyendo la disponibilidad de vivienda) hasta los recursos humanos y materiales (falta de personal cualificado, el absentismo como grave síntoma, falta de una verdadera política migratoria y de ya la educación, infrafinanciación del gobierno catalán, falta de eficacia y eficiencia en la administración, tasas de pobreza enquistadas muy por encima de la media europea). La población de Cataluña ha aumentado en 700.000 personas en la última década, gracias a los inmigrantes, atraídos por una economía en expansión y un modelo productivo intensivo en trabajo de baja y media calificación.

También ha aumentado la demanda de electricidad y la presión sobre la red eléctrica para satisfacer un cambio tecnológico imparable: desde los puntos de recarga para los vehículos hasta la adaptación del sistema eléctrico a una mayor participación de las energías renovables. En estos dos aspectos nuestro país ha quedado claramente atrasado.

La crisis más reciente del sistema ferroviario, y en particular de Cercanías, que hace tiempo que se iba gestando, ha puesto de manifiesto la falta de inversión de quienes eran responsables para garantizar unos niveles de mantenimiento adecuados de la red existente y una ampliación de la capacidad alineada con el crecimiento del país. Las disfunciones también afectan al transporte por carretera, sumando los déficits de gobernanza de las principales infraestructuras, con lo que es urgente la puesta en marcha del consorcio de inversiones Estado-Generalitat, que debería garantizar la plena ejecución de los proyectos con una gestión desde la proximidad. Sin una red de transporte eficiente y ajustada al nuevo panorama demográfico, el problema de la vivienda será irresoluble, a la vez que se intensificará paulatinamente. Sin una planificación urbanística y una normativa que incentive y no frene la promoción inmobiliaria de suelo urbanizable, tendremos una escasez más que previsible. Por otra parte, el cambio climático, que nos ha afectado con intensas lluvias en los últimos meses, no debería hacernos olvidar que volverán períodos de sequía, y que sólo podrán ser afrontados con previsión, planificación y una efectiva ejecución de las inversiones previstas.

El rápido crecimiento económico de estos últimos años también ha tensionado la disponibilidad de personal con las competencias y cualificaciones necesarias en muchas ramas de actividad. Las insuficiencias de los sistemas de formación profesional y universitaria, que se conjugan por hacer compatible el fenómeno de la sobrecualificación con una tasa de paro muy superior a la media europea, son también reflejo de una pobre planificación y peor ejecución. En este contexto, la tasa de absentismo se ha disparado hasta niveles que más que duplican la media europea y perjudican gravemente la competitividad de nuestro tejido productivo. El absentismo debe ser visto como un problema de toda la sociedad, no sólo como un problema empresarial que afecta claramente a la competitividad de nuestras empresas y acaba repercutiendo directamente sobre nuestro modelo de bienestar.

Las últimas protestas de los profesionales de la educación y la sanidad han puesto amargamente de relieve los problemas de recursos que sufre el sector público catalán, resultado, en parte, de una infrafinanciación crónica que esperamos que entre ahora en vías de solución. En esta cuestión, la parálisis se remonta a 2014, que es el año en que el modelo de financiación territorial debería haberse reformado. La propuesta del nuevo modelo de financiación planteada es un paso adelante que representaría un aumento significativo para la Generalidad y que respeta el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña.

Recientemente, un conjunto de entidades representativas de la sociedad civil catalana, entre las que se incluyen las cámaras, se han pronunciado a favor de aprovechar el trámite parlamentario para introducir mejoras significativas en la propuesta de reforma de financiación, como por ejemplo tener en cuenta los diferenciales en el coste de la vida entre comunidades y sus tasas de.

Finalmente, el reto pendiente de la simplificación de los procedimientos administrativos, y de la profesionalización y eficiencia de la administración, hace que el efecto desbordamiento afecte con particular intensidad al sector público. En la medida en que la solución al resto de los problemas, desde la vivienda hasta el transporte, requiere una administración pública eficaz y eficiente, y su reforma es la prioridad que siempre se ha ido postergando, urge alcanzar, sin más dilaciones, avances tangibles y significativos en el proceso de reforma del sector público que el Gobierno ya ha iniciado.

En resumen: la percepción de que las cosas no van tan bien como parece en el ámbito macroeconómico está suficientemente fundamentada, pero es difusa, porque emana de una multiplicidad de factores que no tienen relación a primera vista.

Cuando las inversiones no se ejecutan como corresponde, cuando los procedimientos administrativos y los recursos públicos no se adecuan a las necesidades y cuando ha faltado la voluntad de alcanzar grandes consensos para solucionar los principales retos de país, no estamos ante una suma de problemas puntuales. Se trata de un problema sistémico, con un crecimiento económico que sobrepasa los límites de las infraestructuras y de los recursos, humanos y materiales, que deben sustentarlo.

Tenemos buenos cimientos. Si trabajamos juntos, saldremos adelante. Este país siempre lo ha hecho así.

Es responsabilidad de la sociedad civil y de las entidades que la representan, como las cámaras de comercio, contribuir al interés general con visión crítica pero constructiva compartiendo con los poderes públicos y el conjunto de la sociedad el peso de aportar propuestas y apuntar soluciones.

Aunque la principal responsabilidad recae en los gobernantes, las cámaras estamos a disposición del país, y hacemos un llamamiento a los agentes y las formaciones políticas para que busquen un entendimiento en los temas clave de país que afectan a la ciudadanía y las empresas. Debemos pasar del escepticismo a la acción. No podemos esperar más.