Suena a antiguo ver manifestarse a los chicos de la extrema derecha con la mano alzada, el Cara al sol y siempre dispuestos a enviar a quien no piensa como ellos al paredón. Da miedo oír a sus líderes hablando de golpe de estado, del principio del fin de la democracia española, de gobierno golpista. Con ese verbo florecido que favorece el consumo de naftalina, Abascal remata que la cosa acabará con “el autócrata con afán de tirano sentado en el banquillo de los acusados o los que nos oponemos a la cárcel”. Luego llamará a la "resistencia civil" y a "luchar por todos los medios". Y tan tranquilo.
Pero los llamamientos a la calle no son lo que más envenena a la democracia. Democráticamente, la aberración es acusar al gobierno de “pasar de ser ilegítimo a ilegal”. Considerar que cuando la mayoría no es de derechas se está usurpando el gobierno es la semilla de los fascismos.
Por suerte, en España algunas cosas han cambiado radicalmente en las últimas décadas. La más relevante es que la pertenencia a la Unión Europea protege a la ciudadanía de los históricos golpes de estado y también a Barcelona de sufrir bombardeos cada cincuenta años.
El momento es delicado y a la vez interesante. Por motivos de oportunismo político o de genuino convencimiento –para el caso es irrelevante–, Pedro Sánchez ha construido una mayoría alternativa a la derecha y a los ultras pactando con todos los partidos periféricos. Con los acuerdos con PNV, CC, JxCat, ERC, BNG y EH Bildu, Sánchez podrá ser investido y reforzará la realidad de que España solo puede seguir siendo un estado que funcione si admite su naturaleza plurinacional. La alternativa a una España que explore el estado federal es una España bloqueada. La alternativa a resolver la incomodidad de Catalunya es una España disfuncional. Por tanto, la inflamación de las calles de Madrid solo es la espuma de los temas de fondo que hoy están en juego.
Acuerdos con los independentistas
El acuerdo de los socialistas con Junts y ERC lleva la negociación a las mesas de trabajo donde se reconoce un problema identitario y de recursos. Esta negociación, paralelamente al ejercicio de la amnistía, debería ser el gran éxito, pero la realidad es que está condicionada a que los jueces hagan su propia Transición. Si Narcís Serra apaciguó a los militares, ahora habrá que conseguir que los órganos judiciales representen la realidad social y democrática y que los jueces eviten interferir en la realidad política. La irritación de todas las asociaciones de la magistratura por la mención del lawfare en el acuerdo con Carles Puigdemont abre un debate interno necesario en el mundo judicial, pero también provoca una dura reacción corporativa. Cuando el ex president dice que las comisiones de investigación sobre la operación Catalunya y el Catalangate deben "erradicar los elementos podridos contra el independentismo" agita el ánimo de algunos jueces que han actuado con impunidad.
La aplicación de la ley de amnistía será un éxito de todos los partidos implicados, pero no será plácida. De hecho, hoy todavía no sabemos la letra del pacto que inflamará aún más el ánimo al concepto Madrid, lo que representa a las instituciones y la estructura del Estado.
Una, dos, tres mesas
En las negociaciones competitivas con el PSOE, los independentistas se han dotado de tres mesas de negociación sobre los temas que comparten todas las partes: reconocimiento nacional, lengua, recursos para el autogobierno. Pero ninguno de los dos partidos olvida que en un año tendrán que enfrentarse en las elecciones a la Generalitat y en realidad dibujan una competencia entre dos presidencias “legítimas” y tres mesas para negociar con el propio gobierno socialista. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, propone hoy al ARA una negociación conjunta liderada por el Govern. Sin recorrido inmediato, porque el escenario hoy es mantener la competición interna de los soberanistas y negociar cada uno por su parte con un PSC fortalecido. Y deberemos estar atentos a las negociaciones en el Ayuntamiento de Barcelona.
Las reivindicaciones ya históricas del soberanismo se tratarán en las mesas que condicionarán el gobierno Sánchez. El éxito dependerá en buena medida del juicio del PSC en la negociación de la financiación y de la identidad.
La España socialista sabe que su futuro pasa por la negociación con la periferia y la recuperación y el desarrollo de una interpretación constitucional abierta. La interpretación de la Constitución que el aznarismo y el felipismo han acabado compartiendo los ha convertido, sin reconocerlo, en los principales enemigos de la unidad de España que tanto dicen defender. Por oportunismo o por convencimiento, Sánchez sabe que su apoyo vital a la monarquía y caminar hacia una España federal son su servicio a la unidad.
