Con el cambio de año, el Partido Popular logró finalmente llevar la crisis de la dana al País Valenciano más o menos allí donde quería: Mazón fue dimitido y sustituido por un nuevo presidente del Consell (aunque el elegido no fuera ni siquiera el candidato de Feijóo, lo urgente era sacar al carbonizado Mazón de la primera línea). Juan Francisco Pérez Llorca —Juanfran, por los amigos— preside ahora un ejecutivo que puede dedicarse tranquilamente a lo que importa: hacerse cargo del plan de reconstrucción del País Valenciano después de la dana, un Plan Endavant (así se llama) que supone 29.000 millones de euros a repartir entre los afortunados. Es importante no olvidarlo, porque éste, como decía el poeta, es el verdadero argumento de la obra.
Mazón, por su parte, también ha salido bastante venturosamente: de ser el personaje más escarnecido y repudiado de la vida pública valenciana, y española, logró convertirse de un día para otro en el diputado más gris de la bancada pepera en las Corts Valencianes. Mazón ha encontrado la forma de camuflarse en una identidad tan mediocre como le corresponde, como un roedor que se esconde dentro de la gazapa. Eso sí, con el aliciente no menor de los honorarios de diputado, completados por una retribución extra de casi nueve mil euros al año para presidir la comisión de Reglamento, que no se ha reunido desde el año 2020. Y lo más importante: la condición de aforado, que le mantiene al abrigo del proceso de investigación dana, Nuria Ruiz Tobarra, sin duda la persona más temida por Mazón a día de hoy.
Mazón, en efecto, tiene motivos para no estar tranquilo por completo. Sabe que, si las cosas se le tuercen judicialmente, no encontraría cobijo en su partido, donde le darían —esta vez sí— definitivamente la espalda. Ahora se le permite ejercer de zombi bien pagado en su escaño en la última fila de la bancada, pero cualquier giro judicial puede acabar de confirmarlo definitivamente en el papel de cadáver político. La ciudadanía -la misma ciudadanía que precipitó el fin de su presidencia- no se da lógicamente por satisfecha con la dimisión de un personaje que ha personificado como nadie el desprecio por las víctimas, y la próxima manifestación para exigir responsabilidades penales contra él ("Mazón en prisión") está convocada para el día 1 de marzo.
Hace unos días, mientras quien fue el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, avergonzaba a todo el mundo con su comparecencia en la comisión sobre la dana del Congreso de Diputados, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra dictaba una resolución más que contundente, en la que dejaba claro que intentar exculpar a la Generalitat Valenciana de la gestión de la catástrofe, y Salomé Pradas y de su segundo, Emilio Argüello, y como defendió a Feijóo en su comparecencia en la comisión), supone instalarse "en una realidad paralela que obstaculiza el procedimiento judicial". Es una consideración que suena también como una advertencia.
