"Las historias hacen la historia"
Vicent Andrés Estellés
Desde el miércoles pasado, si Txema Escorsa, 34 años y profesor de secundaria en lucha, todavía está en su casa, en la calle Sant Agustí de la Vila de Gràcia, es porque aquel día, muy temprano, una multitud anónima, cuerpo a cuerpo y codo con codo, impidió que la comitiva judicial y el dispositivo judicial ejecutaran la faena de echarlo de su casa. Todo se detuvo a pie de calle y vía muro humano, y de esto se llama sindicalismo social, desobediencia civil y defensa comunitaria. La innegable evidencia aclara, con luces y taquígrafos, que el desahucio solo lo bloqueó la multitudinaria movilización de la gente. Es decir, que Txema se quedó salvado por la iniciativa popular del Sindicat de Llogateres y no por ninguna serena y severa decisión política, judicial o policial. Y eso que el presidente de la Generalitat incluso hizo un tuit de apoyo –aunque hará falta algo más que un tuit–. La batalla contra el mercado global es siempre local y la imagen concentraba a cientos de vecinos contra un fondo buitre extranjero ubicado en Nueva York, que vulnera y destroza la legislación vigente y que va haciendo impunemente colivings prohibidos de alquiler de habitaciones, a los cuales ya cobra por habitación mucho más de lo que paga Txema por un piso entero. Paradójicamente, los máximos representantes de los especuladores eran, el miércoles pasado, la jueza y los policías –es decir, el sistema institucional–, que venían a acelerar la expulsión de vecinos. Y de aquí llora la criatura. La comitiva judicial ha dejado por escrito que lo volverá a intentar el 15 de abril. La gente, indudablemente, también. El mismo día que Txema resistía en su casa gracias a la activa solidaridad vecinal, el Ayuntamiento de Barcelona decidía aprovecharlo para desalojar a 130 personas empobrecidas de un descampado de la Sagrera. Sin ninguna notificación previa y sin ofrecerles ninguna otra alternativa que largarse y dispersarlos por la ciudad. Todo pasaba –palabras y hechos de la elocuencia urbana, en que el nombre nunca hace la cosa– bajo el amparo del presunto Plan Endreça y a tocar, fíjate tú, del puente del Trabajo Digno, que no tienen los expulsados a la intemperie. Estaba, sin embargo, la entidad Quart Món apoyándolos. Estos días una campaña municipal denuncia pretendidamente a los "sinvergüenzas" incívicos. Pero lo que da "vergüenza" es que vuelva el chabolismo a la ciudad –53 asentamientos con 299 personas en diciembre de 2025– y que se haga tan "poco" para revertirlo. O que lo poco que se haga sea forajirlos a un lugar todavía peor. De sinvergüenzas, ciertamente. Al fin y al cabo, así en Barcelona como en Badalona, deberíamos insistir mucho más en que las distintas gestiones y narrativas –el envoltorio y la propaganda– en ningún caso alteran el producto final: el desamparo de la patada en el culo. El efecto acaba siendo el mismo, sea con el griterío aporofóbico de Albiol, sea con la aparente neutralidad higienizadora de Collboni. Los unos y los otros confunden la lucha contra la extrema pobreza con la lucha contra los pobres. Y así nos va. Suerte de todas las entidades implicadas hace años en la lucha para la erradicación del sinhogarismo, de la Fundació Arrels al Hospital de Campaña de la parroquia de Santa Anna. Una red civil que hace años que clama por una ley de medidas transitorias y urgentes, todavía en trámite infinito y pendiente de ser aprobada.
También el mismo día –semanas en que todo se junta–, 60 entidades badalonesas alzaban la voz exigiendo políticas públicas contra la pobreza y a la altura de los retos contemporáneos de la sociedad del cansancio, de la tiranía de la exclusión y de la rueda imparable de la inseguridad vital, después de la muerte de cinco personas sin hogar en la tercera ciudad del país. Desnudando a Albiol, la elección del lugar donde presentaron un manifiesto que se niega a mirar a otra parte no podía ser ni menos inocente ni más justa: la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat en el barrio de Sant Crist. Allí donde en diciembre se impidió, en brutal expresión de la brutalidad inhumana del momento, que los desahuciados del B9 pernoctasen. Probablemente, el mismo día –o más bien, cualquier día, cualquiera– se deslizaron y desvanecieron noticias, dolores y datos de cómo el vulnerado derecho a la vivienda continúa haciendo tambalear las posibilidades de democracia, las opciones de una vida digna y las probabilidades generacionales de llamar hogar a un puñado de metros cuadrados. Los datos de la sangría son pandémicos y descomunales: desde el pet de aglá de la crisis del 2009, se han producido en los Països Catalans más de 400.000 desahucios.Bien visto, bien desesperado y bien esperanzado, los tres párrafos anteriores contienen inequívocamente una dualidad antagónica en medio de los tiempos que corren. Primera (ecuación democrática elemental donde aferrarnos), que allí donde hay más comunidad democrática organizada –del Sindicat de Llogateres a la Fundació Arrels y a la trama civil badalonesa– los gritos ultras decaen en picado. Segunda (de evidencia total), que en ninguna de las convocatorias anteriores encontraréis jamás ninguna formación de extrema derecha. Ni ningún discurso racista ni ninguna mirada clasista. En una anida el deseo de vivir en común en un mundo en crisis; en la otra, la bilis de matar a alguien, chivo expiatorio, como culpable de todo. Pensaba en ello este sábado cuando, uno entre tantos y por suerte universal, pasé por el 30 aniversario de l'Hamsa, una de las iconos del criminalizado movimiento okupa barcelonés y catalán de los años 90, hasta que fue desalojada la madrugada del 4 de agosto del 2004. Fue un reencuentro excepcional, de rostros y rastros de décadas de apoyo mutuo, de vidas que no han dejado de currar ni un solo día porque la inercia mercantil no se nos trague. No tiene nada de casual que la cita saliera en pasacalles desde Can Vies –que aún resiste– hasta Can Batlló, un solar desolado durante años reconvertido hoy en un impresionante espacio comunitario tras una larga lucha vecinal santsenca. Treinta años después, aquella lúcida anticipación okupa que denunciaba las violencias de la especulación inmobiliaria sobre nuestras vidas enlaza directamente con la última encuesta del CIS: sitúa el miedo de no poder pagar el alquiler por encima del miedo de morir.Panorámica, pues, del final del mes de marzo: desahucios, desalojos y personas sin hogar muertas a la intemperie. Contrapanorámica de cada mes que empieza: sin Sindicato de Inquilinos, sin Fundación Arrels, sin centros sociales como l’Hamsa, sería imposible rehacer el calendario mensual, continuar siendo barrio y hacer prodigios en la ciudad bajo asedio. Por santa, pues, la semana pasada: la trama de la vida contra la trampa del mercado. En la procesión ininterrumpida de la Santa Solidaridad que quizá no hace la historia, pero resistiéndola, escribe otra. Mucho más humana.
