Los muertos olvidados de la Transición

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'Actuación policial contra manifestantes, Barcelona' (1976) / ACN

En historia, las continuidades pesan más que los cambios. Incluso en momentos de cambio. Esto, por ejemplo, cada vez resulta más evidente en cuanto a la Transición española a la democracia. La dictadura se acabó, sí, y de manera incruenta, sí. Pero muchas impunidades del poder continuaron soterradamente, con verdugos y víctimas. Así lo testimonia la investigación que ha hecho el historiador David Ballester en relación con las, por decirlo eufemísticamente, malas praxis policiales. Si tenemos que ser más claros: asesinatos. Muchos.

Esta investigación muestra la continuidad de un estado de derecho claramente deficiente en dos sentidos: en unos hechos criminales escandalosos (134 muertos por violencia policial entre el deceso en la cama del dictador Franco en noviembre de 1975 y en diciembre del 1982, una vez que los socialistas ya habían subido al poder) y en la opacidad que todavía perdura a la hora de acceder a los archivos para ponerle luz. En la mayoría de casos, este investigador ha tenido que tirar la toalla sin poder aclarar exactamente cómo fue cada muerte. ¿Cómo puede ser que cuando nos acercamos a los 50 años del fin de la dictadura todavía haya esta falta de transparencia en los archivos policiales y militares? ¿A quién se protege? A la democracia, seguro que no. A los muertos, todavía menos. Es un déficit clamoroso del estado de derecho que todavía no se pueda hacer memoria, y ya no digamos justicia, a tantas víctimas inocentes, no ya del franquismo (que también), sino de los propios inicios de la democracia. Para muchas familias es una pesadilla aterradora que perdura, inacabable.

Aquella fue una Transición pacífica, pactada, sin revolución, pero hubo violencia. Mucha. Es bastante conocida la de ETA, claro. Lo es mucho menos, en cambio, la violencia de estado, de un estado que permitió que muchos agentes de la policía y de la Guardia Civil continuaran actuando al margen de la nueva legalidad democrática, en la más absoluta y lamentable impunidad. Sus mandos, en muchos casos militares, los encubrieron. Siguieron practicando la tortura, siguieron actuando como si la calle fuera suya, siguieron con el gatillo fácil. La gran mayoría de muertos en sus manos fueron menores de 30 años. Ir a una manifestación podía suponer perder la vida. ¡Incluso hubo una víctima de 2 años! Y de todo esto nadie ha pasado cuentas. Muchos casos, de hecho, restan en el olvido. El famoso pacto de silencio de la Transición tiene que ver con esto. Silencio sobre las barbaridades del régimen franquista, algunas de las cuales se alargaron en democracia.

Un encubrimiento que se ha perpetuado con los archivos cerrados bajo llave. Las leyes de la memoria histórica son también la historia de un fracaso. Siempre han quedado a medias. Nunca era el momento, había que mirar adelante, pasar página. La ley que quería impulsar el gobierno Sánchez de momento resta también aparcada en un cajón. El miedo a la reacción de una derecha intransigente e históricamente revisionista, incapaz de hacer borrón y cuenta nueva con el pasado dictatorial, es un lastre que continúa paralizando la democracia española.

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