El desaguisado de cada día hace que algunas noticias relevantes no tengan el impacto que les corresponde. Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) rechazó la imposición del 25% de castellano en la enseñanza pública de Baleares, tal y como exigía una demanda de una entidad cívica españolista, PLIS Educación, que se fundamentaba en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que sí han sentenciado a favor de2. El tribunal de Baleares, en cambio, entiende que esta decisión es "potestad de la administración", es decir, de la conselleria de Educación, que se mostró contraria a la pretensión del 25%. Una demanda absurda, por cierto, que demuestra que quien la hace, como suelen decir los docentes, no tiene ni idea de la realidad de las aulas: ni de la realidad lingüística que se produce (absolutamente diversa, por otra parte, según los centros, los municipios, los barrios, etc.) ni de la realidad de las dinámicas de relación entre ellos y entre ellos y entre ellos. Es interesante remarcar que el TSJIB condena a la entidad PLIS Educación a pagar, hasta tres mil euros, las costas del procedimiento.
La Obra Cultural Balear (OCB), que se había personado, ha celebrado como una victoria esta decisión judicial. Con motivo, evidentemente, porque las demandas sobre el fantasmagórico 25% no tienen como finalidad la consecución de ningún supuesto equilibrio lingüístico, sino el arrinconamiento del catalán en el ámbito educativo y también –no lo olvidemos– la erosión de la escuela pública, presentándola como ámbito de conflicto en torno al también supuesto entorno armónico de la privada.
Más allá de esto, la OCB tiene aún más motivos para estar satisfecha de su labor. En los dos años del actual gobierno de Baleares, la actuación de esta entidad ha sido decisiva para detener el plan de segregación lingüística en la enseñanza pública, que el PP accedió a salir adelante bajo la exigencia de Vox. El plan fracasó por el rechazo unánime de la comunidad educativa. También ha sido fundamental la respuesta de las familias: en una de estas encuestas promovidas por el PP y Vox, el 80,52% de las familias eligen el catalán como lengua de enseñanza de sus hijos: concretamente el 82,78% en Mallorca, el 91,65% en Menorca y –ay– el 60,34% en Eivissa.
Además, recientemente la OCB ha conseguido que RTVE se comprometa a hacer llegar las emisiones de su nuevo canal en catalán también a las Islas Baleares, al revés de lo que se había decidido inicialmente. Como dice el presidente de la OCB, el jurista Antoni Llabrés, en realidad lo que se hace hasta ahora no es más que "detener golpes", pero parar los golpes es importante. Es fundamental, de hecho. En esta etapa, la OCB ha crecido en afiliados y ha mostrado fuerza y capacidad de movilización: son buenos puntos de partida para el trabajo que viene después de detener los golpes, que es tomar la iniciativa e ir por delante de quienes hacen del odio contra el catalán una bandera y una forma de vivir. Y un negocio, por supuesto.
