No es la 'guerra de Netanyahu'
Mientras la policía reprime las acampadas erigidas en un importante número de campus estadounidenses y europeos (Barcelona incluida) y Biden declara que las voces multitudinarias de los estudiantes y aquellos que les apoyan no le han hecho replantearse su postura con respecto al llamado ‘conflicto en Oriente Próximo’ a muy pocos meses de los comicios, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu ha decidido amenazar, precisamente a la Administración Biden, con posibles acciones si la Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra representantes israelíes (Netanyahu entre ellos). Aparte de lo ilógico de la iniciativa -un tribunal internacional establece que se ha producido un crimen contra la humanidad, y en respuesta el criminal decide no defenderse, sino represaliar contra la víctima- resulta interesante centrarse en lo que este último escándalo nos revela sobre el contexto en Palestina, independientemente de si el próximo paso es una tregua o el tan anunciado ataque a Rafah.
Una de las amenazas apunta a posibles represalias contra la Autoridad Palestina (AP) que podrían llevar al colapso de la misma. Una más que posible acción podría ser congelar la transferencia de los ingresos fiscales que Israel recauda para la AP en virtud de los ‘Acuerdos de Oslo’. Sin estos fondos, la AP estaría en quiebra. Una amenaza que Israel ha enunciado, y puesto en obra, en el pasado, desencadenando las alarmas en numerosas cancillerías. Israel es perfectamente consciente de que necesita a la AP, al igual que ocurre con la comunidad internacional. La AP es el actor gracias al cual Israel ha conseguido externalizar parte de la ocupación, muy principalmente a través de la represión que el gobierno palestino ejerce sobre sus ciudadanos, financiado a su vez por Estados occidentales que afirman que se trata del único aliado para la paz. Es cada vez mayor el número de palestinos que tiene claro que la liberación de Palestina pasa por el desmantelamiento de la corrupta administración. De hecho, las conversaciones sobre el futuro de Gaza tras la guerra en varias ocasiones se han referido a la necesidad de que sea la AP la que tome las riendas de la Franja. Si queda población que gobernar, claro está.
La otra hipótesis es que Netanyahu se refiere a desencadenar una nueva etapa del genocidio en Cisjordania. En realidad, la excusa de la violencia sin límites en la Franja de Gaza también es la represalia contra Hamás. Y el caos en Cisjordania podría ser utilizado como ‘excusa’ para que Israel intervenga con aún mayor vigor. La violencia -tanto por parte del ejército como por parte de los colonos a los que las fuerzas de seguridad no controlan- se ha intensificado en Cisjordania y Jerusalén en los últimos meses. Algo similar ha ocurrido dentro de las fronteras de Israel, donde los ciudadanos palestinos han sido objeto de violencias y represalias en varios ámbitos de su vida pública y privada. Estas tendencias arrojan luz sobre cómo Israel busca cualquier excusa para culpar y reprimir a los palestinos en su conjunto.
Y precisamente esta mentalidad nos obliga a cuestionarnos las insuficiencias de los análisis centrados casi exclusivamente en la figura de Netanyahu y los extremistas de su gobierno. Sus autores atribuyen casi exclusivamente la responsabilidad de la violencia descarnada a un puñado de políticos -ayuda al relato que éstos representen a la extrema derecha- que han radicalizado la arena política israelí. Hablan, así, de una guerra de Netanyahu y los suyos, no de un genocidio a manos de Israel. Lo que esos comentarios consiguen es evitar reflexionar sobre la naturaleza del régimen israelí y las tendencias intrínsecas del sionismo como ideología colonial, basadas en el castigo colectivo multidimensional del pueblo palestino que tiene como fin último la limpieza étnica del mismo de los territorios del ‘Gran Israel’ (que, dependiendo del mapa que consultemos, llega incluso a incluir partes de Jordania, Siria y Líbano). Este régimen se ha escudado en todo momento, incluso a estas alturas, en su papel de víctima y en la legítima defensa que el derecho internacional no otorga ni al atacante, ni mucho menos a la potencia ocupante. De acuerdo con el marco que ‘anecdotiza’ a Netanyahu, la seguridad de Israel representa una prioridad para la comunidad internacional. Esta seguridad, desde 1948, incluso antes de la ocupación militar inaugurada en 1967, ha sido definida por las autoridades del país. No por coincidencia, ha ido de la mano de violaciones sistemáticas del derecho internacional, que la comunidad internacional ha justificado una y otra vez. Y de las que, lamentablemente, sigue siendo cómplice.