La (no) movilidad tiene costes hoy, pero aún más mañana
Caos, desbarajuste... Faltan sustantivos para describir la situación que se vive en Cercanías a consecuencia del choque de un tren contra un muro de contención que había caído en la vía por las fuertes lluvias a la altura de Gelida y que provocó la semana pasada la muerte de un maquinista en prácticas y 37 heridos. Y ahora sumamos el bloqueo de mercancías en los puertos de Barcelona y Tarragona. Al parecer, el accidente, combinado con el mal tiempo y otros elementos, hubiera hecho estallar las deficiencias acumuladas durante años.
Es evidente que la seguridad es prioritaria, y si es necesario detener toda la red para garantizarla, debe hacerse. Ya habrá tiempo para los reproches y para buscar culpables y responsables frente al funcionamiento de una red en la que sólo se han ejecutado uno de cada dos euros presupuestados durante más de una década. Pero también es cierto que se vislumbran sombras sobre la prevención, una vía también imprescindible para reducir las posibilidades de incidentes, siendo conscientes de que llegar al riesgo cero es imposible.
Los últimos eventos, a los que se suma un nuevo corte de la AP-7 en sentido sur –la principal vía que canaliza el tráfico de mercancías mediante camiones de Europa hacia la península Ibérica, y de España e incluso de gran parte del Magreb hacia Europa, complican cada vez más la movilidad. El tráfico que no puede circular por esta vía tan esencial y ya a menudo cargada se traslada a otras alternativas que viven atascos y complicaciones.
Los impactos de todo esto tienen muchas víctimas. Por un lado, las más de 400.000 personas que utilizan Cercanías para ir al trabajo todos los días y que, o bien deben encontrar alternativas o bien deben acogerse a los derechos que tienen ante la imposibilidad de ir a trabajar. El ministerio de Trabajo se ha encargado de recordarlos con los consiguientes costes para las empresas, y la Generalitat ya recomendó también el teletrabajo en aquellas actividades en las que sea posible.
Por otra parte, se suma ahora la afectación al tráfico de mercancías, no solo de las que utilizan la AP-7, sino las que han quedado bloqueadas en los dos puertos de Barcelona y Tarragona por el cierre del túnel de Rubí. Todo ello multiplica un impacto económico que va acumulando días.
Hay algunas estimaciones sobre los costes de este caos, como la realizada por Pimec, que los sitúa en torno a los 9 millones de euros diarios. Pero los expertos consideran prematuro realizar cálculos. La razón es que, como afirma el presidente de la Comisión de Economía Catalana del Colegio de Economistas de Catalunya, Josep Reyner, "una cosa es el impacto inmediato" de estos días, y la otra, "el impacto estructural que puede significar tener un servicio que va perdiendo credibilidad y confianza".
El cuidado de este problema debe ser muy rápido, solvente y eficiente para minimizar el impacto para los usuarios y las empresas. No es, por tanto, una cuestión de costes inmediatos que pueden acabar resolviéndose en muchos casos. El problema es que el mal funcionamiento e incluso la paralización de Cercanías y servicios ferroviarios de media distancia se cronifiquen. En este caso no nos encontramos sólo frente a una factura cara hoy, sino de imagen de país, productividad y prosperidad. Y eso sí sale caro.
