No pienses en una reforma constitucional
Entre los diversos espectáculos insólitos que ofrece la democracia española, destaca de forma singular el de la obstrucción del normal funcionamiento de la justicia por parte del principal partido del sistema político. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una anomalía grave, y la nula predisposición del PP a desbloquearle la hace aún más grave. Este lunes hizo cinco años que los magistrados del órgano de gobierno de los jueces tienen el mandato caducado, y para celebrar la efeméride el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, avisó de que su partido sólo accederá a renovar a los vocales del CGPJ si esta renovación se realiza de acuerdo con las normas que ellos indiquen. En concreto, el PP exige como rescate que se modifique la ley por la que se aplica la fórmula que permite la renovación de los vocales; justamente hacía sólo unos días que, en el pleno del Parlamento Europeo sobre el estado de derecho en España (que acabó siendo una réplica nada mejorada de las peleas en el Congreso de los Diputados), el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, reclamó que se desbloqueara urgentemente el CGPJ sin ninguna modificación previa de la ley. El propósito del PP sería dar aún más poder a los jueces (a “sus” jueces, se entiende).
La ley de amnistía se hace con el doble objetivo de permitir la formación del gobierno que preside Pedro Sánchez y de servir de punto de partida para una vía de negociación para el conflicto entre Cataluña y España. Además de eso, puede o debería poder marcar el inicio de un itinerario de reformas jurídicas que llevaran a la reforma de la Constitución del 78, entre otras cosas para corregir el sesgo digamos conservador (reaccionario y ultranacionalista , pero digamos conservador) de la alta judicatura española, uno de los poderes que, como suele decirse en estos casos, no hizo la Transición.
Este enunciado –la reforma constitucional– es una de las promesas o de los proyectos que el PSOE (el de Pedro Sánchez, pero también antes de él) ha formulado en más de una ocasión pero que nunca ha ido adelante. Existe, en este caso, un motivo claro para el desistimiento: la falta de consenso necesario, dada la oposición total de la derecha españolista a cualquier cambio en el ordenamiento jurídico que (como la propia renovación del CGPJ) puedan interpretar que perjudica sus intereses, en particular la situación del PP y su descomunal historial de escándalos de corrupción frente a unos tribunales que fueran imparciales. Pero que una idea sea de difícil realización no significa que no se pueda pensar e incluso intentar. Y por otro lado, un día u otro (¿cuándo acabe de fracasar Feijóo?) la derecha española tendrá que hacer un pensamiento e intentar resituarse. El decantamiento hacia la vertiente (que siempre ha tenido) de extrema derecha no le acaba de funcionar electoralmente. Le puede convenir salir de una posición que en la historia española contemporánea le liga ya no con el franquismo sino con el siglo XIX, con el Partido Liberal-Conservador de Cánovas del Castillo.
