El Procés terminó en octubre del 2017. Paradójicamente, los votantes que lo impulsaron, por encima de las dudas de un buen número de dirigentes, están ahora por delante de muchos de ellos en la constatación de este final. Lo han dicho no favoreciendo con la suficiente fuerza, en las últimas elecciones parlamentarias, a los partidos –Junts y la CUP– que proponían el regreso al 2017. Ahora bien, quizás alguien podría interpretar la formación del gobierno del president Illa como un retorno, no al final del Procés, sino al inicio –con la constitución del primer tripartito en 2003– del pre-Procés. Como entonces, el presidente es del PSC y, con mínimas diferencias –IC es ahora los comuns, y ERC por el momento se queda en la oposición–, el gobierno se apoya en los mismos tres partidos. También como entonces, el Govern sabe que debe impulsar dos agendas: la económica y la nacional. Pero la similitud termina aquí. Lo que ha pasado en estos años, y que no había ocurrido antes, es una experiencia de la que todos aprenderemos. La historia no se va a repetir.
El PSC del 2024 no es el del 2003. Es, en conjunto, menos emocionalmente catalanista. Pero donde no llegue el corazón puede llegar la cabeza. Quiero creer que hoy PSC y PSOE entienden que la estabilidad política en Catalunya es indispensable para la consolidación de una mayoría social española alejada de las ideas de la extrema derecha. Asimismo, la estabilidad política en Catalunya depende de avanzar seriamente hacia una federalización de una España reconocidamente plurinacional. Eso sí, con un modelo más similar al de Alemania que al de México.
El primer paso deberá ser implementar el buen acuerdo de investidura firmado con ERC. No dudo de la voluntad de hacerlo. Pero no va a ser fácil. La prueba de fuego para la credibilidad será la voluntad y determinación de batallarlo con firmeza cuando, inevitablemente, aparezcan las zancadillas de algunos funcionarios, jueces, medios o miembros de viejas guardias. La opinión pública, añado, es lo suficientemente sabia como para distinguir, en caso de fracaso, cuándo se ha intentado con convicción y energía –como ha hecho al reconocer el esfuerzo, hasta ahora sin frutos, para conseguir la oficialidad del catalán en Europa– y cuándo no. En las próximas semanas el gobierno central tendrá que pasar la prueba de asegurar la ley de amnistía. Si adopta la actitud de “lo que debía hacerse ya se ha hecho”, la desvergüenza de la extrema derecha y su actuación vía jueces que aplican la ley en función de las ideas políticas del acusado –¿os imagináis un médico comportándose así?– no tendrá freno. Si la pataleta judicial debe quedar en pataleta, es posible que haya que recurrir a medidas de cirugía legislativa. Para anular, por ejemplo, el protagonismo oportunista de Vox en los procedimientos judiciales. No recibiremos reproches europeos si lo hacemos.
En la etapa que ahora se inicia, bajo el liderazgo del PSC y la oposición cooperadora de ERC, la política debería caracterizarse por un ejercicio maduro del poder. Con ejercicio del poder quiero decir que los proyectos deben ser importantes, lo que normalmente implica que serán difíciles. Con maduro quiero decir que los proyectos deben tener una posibilidad real de hacerse efectivos si se trabaja con suficiente intensidad y determinación. Los pactos con ERC diría que cumplen estas condiciones. Abren, pues, una perspectiva estimulante y una esperanza de resultados sólidos y duraderos.
Como en 2003, el nuevo gobierno será de izquierdas. Así lo han determinado los votantes y un posicionamiento de Junts que recuerda al del conde de Urgell: o rey o nada. Su agenda económica será, por tanto, de izquierdas o, si se quiere, progresista. Pero existe una diferencia con el 2003. Los programas económicos de los tres partidos son ahora más divergentes. Podríamos decir que, mientras que el PSC cree que el progreso social sostenible exige crecimiento económico, tanto los comuns como ERC, en distintos grados, son escépticos. A mí, no se lo negaré, eso me inquieta porque, dentro del marco de los talantes económicos de la izquierda, lo que la economía necesita es la política del PSC. Y, desgraciadamente, en los pactos de gobierno esta ha estado comprometida en algún aspecto esencial. Muy especialmente en el de la mejora del aeropuerto, donde la pérdida que supondría no actuar puede ser grande e irreversible. Junts debe reflexionar sobre el coste que, en los términos que valoran los empresarios y otros motores de la economía, está teniendo la política de no colaboración con el PSC. Tarde o temprano la realidad se impondrá, Junts bajará de las nubes y se convertirá en una herramienta también útil para el progreso económico. Pero que no sea demasiado tarde.
