La oficialidad tendrá que esperar
Como era previsible desde que el ministro José Manuel Albares hizo formalmente su petición el 17 de agosto, el catalán no se habrá convertido en una lengua oficial de las instituciones europeas durante la presidencia española del Consejo de la Unión. Ahora que la petición española está técnicamente atascada puede resultar oportuno reflexionar sobre las causas de este fracaso y las posibles alternativas que se vislumbran.
Pedro Sánchez prometió que pediría la oficialidad del catalán (y del vasco y el gallego) a las instituciones europeas, y su ministro de Asuntos Exteriores cumplió puntualmente su promesa. Lo que no podía prometer Sánchez era que obtendría la oficialidad de estas tres lenguas, por la simple razón de que esto no dependía de él, sino de la voluntad unánime de los 27 estados miembros. La pregunta, entonces, no es qué ha hecho o dejado de hacer el presidente de turno del Consejo, sino por qué los 27 Estados miembros no se han puesto rápidamente de acuerdo para aceptar la petición española.
Una vez relativamente neutralizado l argumento del coste ("quien lo paga"), las dos razones principales por las que la petición española no se ha aceptado a la primera son la falta de consenso político en España y las reticencias "filosóficas" de varios estados miembros . En primer lugar, el hecho de que la petición fuera producto de la exigencia de los partidos independentistas catalanes y no de un pacto entre todos los partidos políticos españoles llevó al Partido Popular a presionar a los gobiernos amigos, que por criterios políticos han bloqueado la iniciativa de forma enterrada. En segundo lugar, algunos Estados miembros temen un efecto llamada que podría disparar en un futuro el número de lenguas oficiales de la Unión. Por poner un ejemplo prospectivo: si Ucrania acaba entrando en la Unión, ¿con qué argumentación se podrá frenar la oficialización del ruso, una lengua que según el censo de 2001 hablaban más de 14 millones de ucranianos? Parece que los esfuerzos del gobierno español por blindar la excepcionalidad del caso catalán-vasco-gallego han sido infructuosos. (Podríamos decir que tampoco ha ayudado la disonancia entre la estrategia del gobierno español y la campaña publicitaria del Gobierno catalán, que decía exactamente lo contrario cuando pedía "que ningún idioma sea una excepción en Europa".)
A partir de ahora, con la petición española pueden pasar dos cosas: que quede encallada como lo está desde el 2016 la petición chipriota de oficializar al turco o que se lleve a votación de forma precipitada y quede descartada con el voto en contra de uno o más estados miembros. En cualquiera de los dos escenarios, ¿qué se puede hacer en pro de la causa del catalán en las instituciones europeas?
En primer lugar, se pueden exprimir y ampliar los acuerdos administrativos que España ha firmado ya con una serie de instituciones europeas para permitir el uso del catalán, el vasco y el gallego. La excepcionalidad que ahora invoca el ministro Albares ya la reconoció el Consejo en 2005, cuando estatutó el uso oficial de lenguas que son diferentes de las lenguas oficiales indicadas en el Reglamento 1/1958 pero que tienen "un estatus reconocido por la Constitución de un estado miembro en todo o en parte de su territorio".
En segundo lugar, se puede negociar para que esta categoría de lenguas se traslade a las directivas europeas que erosionan la oficialidad del catalán en los territorios donde es oficial. Sin tocar el Reglamento 1/1958, por ejemplo, se podrían enmendar las directivas sobre etiquetado para que las lenguas que tienen un estatus reconocido por la Constitución de un estado miembro se equiparen a las lenguas oficiales de la Unión.
En tercer lugar , y también sin tocar el Reglamento 1/1958, se puede conseguir que el catalán se beneficie de muchos programas europeos. Por poner un solo ejemplo, pensamos en el Online Language Support (OLS) del programa Erasmus+. El OLS está disponible para las 24 lenguas oficiales de la Unión pero también en las cinco lenguas de otros estados afiliados al programa (islandés, macedonio, noruego, serbio y turco). No existe ninguna norma europea que impida extender el OLS a lenguas distintas de las indicadas en el Reglamento 1/1958 pero que tienen "un estatus reconocido por la Constitución de un estado miembro en todo o en parte de su territorio".
Para quienes creían que la oficialidad del catalán en las instituciones de la Unión sería un dedo y hecho, este programa puede parecer decepcionante. Para los adeptos del realismo político, es el único camino a seguir. Otro día hablaremos de si en ese momento de la historia era más urgente pedir la oficialidad del catalán en la Unión o reoficializarlo en Cataluña.
