Oligarquías globales, desigualdades locales
El nivel de enriquecimiento de Donald Trump desde la presidencia de los Estados Unidos no tiene precedentes históricos. Durante su primer año de regreso a la Casa Blanca, Trump ha obtenido unos 1.400 millones de dólares en nuevos ingresos procedentes de empresas de criptomonedas que se beneficiaron directamente de sus decisiones como presidente. Según un informe de la Oficina de Ética Gubernamental, en el año 2025 los ingresos de Trump crecieron un mínimo de 2.200 millones de dólares, en comparación con los 622 millones conseguidos en 2024, antes de volver a ocupar el Despacho Oval. Además, las operaciones inmobiliarias del imperio Trump –tanto en el golfo Pérsico como en todo el mundo, desde Vietnam hasta Rumanía– también han generado decenas de millones de dólares en nuevos ingresos para el conglomerado familiar presidencial.
Trump se ha convertido en símbolo del exceso, de la concentración de riqueza, de la captura de recursos y de un menosprecio por el conflicto de intereses que erosiona por completo el sistema democrático norteamericano.
El economista Paul Krugman ha escrito recientemente sobre cómo los Estados Unidos se han acabado convirtiendo en una oligarquía, desde la ingeniería financiera de mediados de la década de los 80 del siglo pasado hasta el poder monopolístico de las grandes tecnológicas actuales. Pero el problema no es solo de cifras y de concentración, sino de cómo este dinero está distorsionando la política y los procesos democráticos, y transformando las sociedades y las relaciones interpersonales.
La enorme brecha de desigualdad de riqueza en los Estados Unidos viene determinada principalmente por la diferencia entre los que poseen la tecnología del futuro y los que trabajan para ganarse la vida. La IA se ha convertido en un factor decisivo. Además, pero, algunas de las figuras más destacadas de esta nueva aristocracia del Silicon Valley se jactan de declararse públicamente escépticas sobre conceptos como el igualitarismo y hablan de la consolidación de una “subclase” determinada por el impacto de la tecnología en los puestos de trabajo.
Nos encontramos en un momento en el que las nuevas y las viejas incertidumbres convergen en un contexto de una turbulencia excepcional. La economía mundial se enfrenta a una “policrisis de la globalización”, como la denominan algunos expertos, consecuencia de una superposición de retos interconectados: la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, el impacto de la tecnología, el repliegue que trajo la pandemia de la covid-19 y la crisis de la democracia liberal, que se traducen en fragmentación económica y política. Pero la rivalidad global tiene, además, un impacto local.
Por eso, a pesar de que las desigualdades entre países se han reducido en las últimas décadas, la brecha entre individuos de una misma sociedad se ha ido ensanchando. El rápido crecimiento de las llamadas economías emergentes –especialmente en China y la India– hizo salir a cientos de millones de personas de la pobreza y las integró en una clase media global. Esta disminución de la desigualdad se produjo, sobre todo, entre 1990 y 2015. Pero desde entonces esta dinámica se ha estancado y la convergencia se ha desvanecido. Mientras tanto, la desigualdad dentro de los países se ha disparado casi en todas partes. Crece también la sensación de agravio, porque mientras que la desigualdad entre países es abstracta, la desigualdad dentro de un mismo territorio o de una misma sociedad es profundamente personal.
En Europa, el 10% de las mayores fortunas acumulan casi el 60% de toda la riqueza continental, mientras que el 50% inferior tiene solo el 5%. En América Latina, el 10% más rico posee el 77% de toda la riqueza, mientras que el 50% inferior llega solo al 1%. Hace quince años, la riqueza conjunta de los multimillonarios de todo el mundo era de 4,5 billones de dólares. En 2024, esta cifra se había más que triplicado, hasta llegar a los 14,2 billones de dólares. Son cifras del Observatorio Fiscal Internacional, una organización de investigación financiada por la Unión Europea, que dirige el economista francés Gabriel Zucman.
La desigualdad no es solo un problema económico; también es social y político. La Unión Europea ha visto cómo esta concatenación de crisis que han marcado el siglo XXI han erosionado profundamente el sistema de redistribución del modelo social europeo y cómo esto se ha traducido en una crisis de confianza en la legitimidad del sistema económico y político comunitario. Pero no se trata únicamente de un desafío para las sociedades democráticas. Las revueltas de la generación Z, que desde 2024 hasta hoy se han ido extendiendo por todo el mundo, demuestran que el malestar por la disparidad de la riqueza y la falta de oportunidades es un problema global, independientemente de los sistemas de gobierno conniventes con estas desigualdades.
