Ordinalidad: un cambio profundo

El principio de la ordinalidad consiste en que las contribuciones de las comunidades autónomas (CA) por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, mantengan el mismo orden que en la escala de lo que reciben. De estas escalas debe excluirse País Vasco y Navarra, que tienen legislaciones fiscales especiales.

Las contribuciones y transferencias del gobierno central por cada CA por habitante son actualmente las que se pueden ver en la tabla que acompaña este artículo.

Lo que recibe cada CCAA en el sistema actual ha sido calculado con fórmulas que tienen en cuenta la edad media de la población, la dispersión demográfica y la inmigración (y debería tener en cuenta, pero no lo hace, factores como el coste de la vida). Los años de mercadeo con estas fórmulas, incluidas en los fondos de convergencia, de suficiencia y de competitividad, para realizar los ajustes que las comunidades pedían son la razón de que hoy el modelo sea incomprensible e inexplicable. El modelo debe ser revisado. La ordinalidad puede ser el método para ello, entre otras cosas porque no requiere ningún cambio competencial; es políticamente neutro. También porque constituye una fórmula sencilla, que todo el mundo entiende, y porque simplifica el diálogo entre comunidades, que es hoy un auténtico calvario.

El principio de ordinalidad requiere que ninguna comunidad reciba menos por habitante que ninguna otra que haya contribuido menos.

En todos los cambios del modelo de financiación hay un principio inamovible: ninguna CA puede ser perjudicada en sus ingresos. Por tanto, el principio de ordinalidad exige, en la práctica, elevar las aportaciones del Estado a aquellas comunidades que están recibiendo menos que otras que menos han contribuido. Por ejemplo, Andalucía debería recibir más hasta igualar a Extremadura, una CA que recibe más, pero que ha aportado menos.

La diferencia entre lo que ahora recibe cada CA que debe mejorar su situación y lo que recibiría con el nuevo sistema, multiplicada por su número de habitantes, da la cifra total complementaria a percibir. Hecha la correspondiente operación, la aplicación del principio exige que el gobierno central añada 25.000 millones de euros al año a la cantidad que transfiere al conjunto de las comunidades de régimen común.

Fundamentalmente, de estos 25.000 millones de euros se beneficiarían siete comunidades: Cataluña (6.200), Andalucía (5.900), Madrid (5.400), Valencia (3.700), Murcia (1.100), Castilla-Mancha (1.000). ) y Baleares (900). En el caso concreto de Cataluña, que hoy recibe 2.848 €/habitante, debería recibir 3.632 €/habitante por igualarse con Cantabria, que es la comunidad que más recibe. Esta mejora de 784 € por habitante (3.632 – 2.848 = 784 €), multiplicada por los 8 millones de habitantes que tiene Cataluña, supone 6.272 millones de euros más.

Esta cantidad adicional debe salir de los presupuestos del gobierno central, no de las comunidades. Es imposible que negocien la financiación entre sí: la batalla sería intensa, fratricida y estéril.

El presupuesto general de gastos del Estado para 2024 es de 436.370 millones de euros. Los 25.000 millones suponen un 5,75%. Es cierto que la partida más importante del presupuesto del gobierno central son las pensiones, y que no deben verse afectadas por el nuevo modelo. También es cierto que la exigencia europea de reducir el peso de la deuda pública supondrá una dificultad añadida. Sin embargo, en una economía que crece al 2% (este año al 2,5%), implementar el nuevo modelo de forma gradual en 5 años es plausible. Se trataría de dedicarle un 1% y quedaría un 1% para el incremento de gastos de todo tipo. Una alternativa, más barata para el Estado, sería revisar a la baja las cantidades que reciben Cantabria y Extremadura, aunque esto tendría para el gobierno central un coste político considerable en estas dos comunidades.

Pero, tanto si se hace de repente como si se hace progresivamente, el principio de ordinalidad exige reducir los gastos del gobierno central y aumentar los de las comunidades, que son básicamente las partidas de salud, enseñanza y atención social. Es esa la profundidad de la propuesta: hacer a España más federal y más social. El cambio no es banal.

Hay que recordar que es Salvador Illa quien está proponiendo aplicar el principio de ordinalidad. Por tanto, seguir este camino debería ser políticamente posible.

La cuestión que algunos alegarán es: ¿qué seguridad tenemos de que el gobierno central cumplirá lo que pacte? Debe tratarse de un pacto de estado. Si, según lo previsto en el Estatuto vigente, se pone en marcha una agencia tributaria catalana compartida, en la que las decisiones importantes se tomarían por consenso entre la Generalitat y el gobierno central, esa confianza mutua apoyará que lo que se decida realmente se acabe haciendo.

La conclusión es que Catalunya puede ver aumentar en 6.000 millones de euros al año su presupuesto en un período de 5 años. Es significativo, representa el 14% del presupuesto total de la Generalitat (43.000 millones de euros en 2024) sin límite temporal.

Si el gobierno central quiere adoptar la ordinalidad, debe asumir un cambio del modelo de financiación de las comunidades en profundidad. Nadie discute que la inadecuación del modelo actual hace necesario un cambio, pero sepamos todos de qué hablamos.

Estas reflexiones me recuerdan las palabras de un campesino de una pequeña finca del Empordà, que me decía con socarronería: “las cosas... es saberlas”. No estoy seguro de saberlas o saberlas todas, claro, pero quizás en el planteamiento expuesto hay un camino de salida para la situación en la que nos encontramos.