Un pacto nacional inclusivo por la lengua

Esta misma semana el departamento de Educación del gobierno de la Generalitat de Catalunya ha facilitado unos datos preocupantes sobre la involución del uso del catalán en nuestras escuelas. Según el conseller González-Cambray, en los últimos quince años el uso del catalán dentro del aula ha caído del 64% de 2006 al 46,8% actual. Más preocupante todavía es la caída en el uso fuera de las aulas, es decir, en las actividades de grupo entre el alumnado, que en 2006 las hacían en catalán el 67,8% de los estudiantes y, ahora, solo el 21,4%. Más allá de polémicas estériles sobre si desde el gobierno se tiene que intervenir en el uso del catalán en el patio de las escuelas, una polémica interesada que no ha hecho más que estigmatizar el uso de las lenguas en los centros educativos, debemos hacer una reflexión profunda, cuanto menos desde el catalanismo inclusivo. Nuestro modelo de inmersión lingüística, pero sobre todo la no instrumentalización de la lengua por parte de los partidos políticos, había conseguido un delicado equilibrio de uso bilingüe del castellano y del catalán que es la base de nuestro sistema. 

Esta bajada del uso social y educativo del catalán en nuestros centros ha coincidido con los años más duros de la confrontación del proceso independentista entre un catalanismo excluyente que nos ha hecho mucho daño como país y un antiindependentismo inmovilista que ha intentado hacernos retroceder socialmente y pedagógicamente. Los dos minoritarios pero que a menudo han arrastrado, por inercia, a todo el país. Pero no ha sido una coincidencia. Es, simplemente, la consecuencia de demasiados años de utilización partidista de los sectores más excluyentes del panorama político de las dos lenguas oficiales en Catalunya. Asociar la independencia a la lengua catalana o la no independencia a la lengua castellana es el daño más grande que le podemos hacer al país en términos de cohesión social. Ser independentista es tan legítimo como defender la unidad de España; lo que no es legítimo y no tendríamos que haber permitido (tendremos que hacer autocrítica todos juntos) es instrumentalizar un idioma que es de todas. Cuando las lenguas toman carné político dejan de ser una herramienta de cohesión para todo el país y se acaban convirtiendo en un instrumento de parte. Afortunadamente, todavía no estamos en este estadio que sería inmensamente preocupante, pero hay quien tiende, con su sectarismo y su posición política excluyente, a transitar por este camino enfangado. Son los primeros que le hacen daño a la lengua, a la catalana y a la castellana. Y haciéndole daño a la lengua lo que están haciendo es hacerle daño al país y a su gente. Tenemos que volver a los grandes consensos que tenían claro que las lenguas, como herramientas de comunicación entre la ciudadanía, son de todas independientemente de nuestra ideología y nuestro posicionamiento sobre el futuro político del país. 

¿Podemos revertir esta situación? Claro que sí. Estamos a tiempo. Podemos revertirla, tenemos la obligación política de hacerlo y hace falta que el gobierno de la Generalitat, pero también el catalanismo inclusivo tomen medidas para hacer efectiva esta reversión. Hay dos medidas que son fundamentales para poner fin a esta situación. La primera es blindar nuestro modelo de inmersión lingüística. Garantizar que se cumpla en todos los centros educativos, porque es el mayoritario políticamente, socialmente y pedagógicamente y porque se ha demostrado exitoso en los años en que no se ha instrumentalizado la lengua. Pero blindar el modelo, entre otras cosas, quiere decir también recuperar los recursos perdidos en los años de los recortes de Artur Mas, como por ejemplo las aulas de acogida o las horas de dedicación de los coordinadores lingüísticos de los centros. El modelo de inmersión permite hacer un uso flexible de las lenguas en función de la realidad de cada territorio, pero esto tiene que venir determinado por un buen plan educativo de lenguas coordinado por una persona docente del centro. Y la segunda medida que nos hace falta es un pacto nacional por la lengua desde el catalanismo inclusivo. Este pacto nacional tendría que tener, si se tercia, tres únicos puntos: evitar la instrumentalización de las lenguas, dejar de politizar la educación por intereses electoralistas y blindar el catalán en todas las leyes estatales. Los representantes políticos tenemos mucha responsabilidad sobre esta caída en el uso social y educativo del catalán y tenemos que practicar con el ejemplo a la hora de revertirla. Tenemos que cambiar el foco de atención. Los centros educativos y el profesorado junto con las familias están haciendo una gran tarea y, desde la parte política, les tenemos que corresponder y no siempre hemos estado a la altura. Hacer política quiere decir solucionar los problemas de la gente y no crear nuevos. Construir una Catalumya diglósica y con usos desequilibrados de las lenguas oficiales como apuntan los datos que hemos conocido es crear un nuevo problema en la ciudadanía del futuro. Todavía estamos a tiempo; manos a la obra!