Hoy toca pensiones, ya que se han convertido en el ejemplo más gráfico del emergente conflicto intergeneracional en España (no el único), que se intensificará a medida que aumente la explotación de los más jóvenes por el resto de población, mejor protegida por los gobiernos de turno.
Los cambios en la regulación de las pensiones pueden acabar siendo uno de los peores legados que dejará el actual gobierno de PSOE-Podemos (P+P, en adelante) en el área económica. El gobierno P+P se equivocó suprimiendo la garantía de sostenibilidad introducida por el gobierno del Partido Popular (PP), en lugar de ajustarla, si quería hacerla menos regresiva en sus efectos, visto el nivel de las pensiones más bajas en España. Asimismo, se equivocó reintroduciendo la actualización automática por IPC de las pensiones de forma generalizada; podría haberlo hecho de forma limitada a las pensiones más bajas, lo cual habría tenido un efecto progresivo. Pero lo hizo para todas las pensiones, también para aquellas que superan los salarios medios de entrada de los nuevos cotizantes, que son los que pagan las pensiones que ahora se cobran.
Derogar las reformas de pensiones del PP no fue el problema. Las reformas se pueden derogar; es cuestión de técnica legislativa. El problema fue derogar la reforma sin un mecanismo alternativo para conseguir sus objetivos: reducir el desequilibrio a largo plazo entre ingresos y gastos del sistema de pensiones. Además, se acentuó el desequilibrio con el regreso a la actualización automática por IPC.
Otra vez: el gobierno P+P podría haber aplicado otras fórmulas –más progresivas– de contener el gasto futuro, o de aumentar los ingresos del sistema, pero no lo hizo. ¿Equivocación? Fueron decisiones dirigidas a conservar y ensanchar los votos de los pensionistas, ya la gran fracción electoral de interés particular en España (y en Catalunya), y creciente. Por cierto, tantos teóricos del populismo que hay, haría falta que explicaran, si esto no es populismo, qué es pues el populismo.
En resumen: la política electoral del gobierno P+P ha provocado un aumento sobrevenido (electoral) de gasto en pensiones equivalente a 1,6 puntos del PIB en 2030, y 3 puntos del PIB en 2050, según ha calculado el mismo gobierno de España (ver p. 46 del informe Ageing Report 2021. Country fiche Spain). Retengan el dato; volveremos sobre él más abajo.
Y ahora llega el comodín "excusa europea": resulta que los malvados europeos nos obligan a hacer recortes de las pensiones, igual que nos obligaban a recortar gastos sociales hace 10 años. Es falso. La UE obliga a mantener una perspectiva equilibrada entre gastos e ingresos (en general), y en pensiones contributivas (en particular), porque los países que transfieren rentas no quieren subsidiar desequilibrios eternamente.
Se puede estar más o menos de acuerdo (generalmente, depende de si se espera recibir o transferir subsidios). Pero el hecho es que el equilibrio no es obligatorio vía recorte de gasto; se puede conseguir vía aumento de ingresos. Por eso hay muchos países en la UE que tienen gasto público superior a España, pero también ingresos superiores. Ahora bien: si el gobierno de un país se emperra en no reducir el desequilibre vía ingresos (generalmente porque los impuestos con gran potencialidad recaudatoria –IRPF e IVA– castigan electoralmente), alguien acaba preguntando qué se hace para reducir el gasto... y en estas estamos las últimas semanas.
De aquí las acrobacias del ministro Escrivá, que sabe de qué va el asunto, y trata que los problemas no se vuelvan ingestionables mientras esté él. O la vicepresidenta Calviño, que también sabe bien de qué va el asunto. Por eso han aprobado el aumento del periodo de cómputo para calcular las pensiones; una medida que reduce las pensiones de forma agregada, pero beneficia a las personas que han tenido su historial de cotizaciones truncado en los últimos años, una situación cada vez más frecuente.
Ahora bien, con el aumento de las cotizaciones sociales se ha cometido un error, visto en perspectiva. El cambio es muy pequeño: tanto, que no resolverá ningún problema. Subir las cuotas un 0,6% recauda un 0,16% del PIB; es nada comparado a los 1,6 y hasta 3 puntos porcentuales que se decía más arriba. Pero lo hace subiendo el coste del trabajo. En las últimas décadas ha costado mucho desplazar tributación desde el trabajo a otros impuestos generales. ¿Por qué hacerlo? Pues porque los países que cargan sobre impuestos generales en lugar de sobre el trabajo tienen productos más competitivos, lo cual favorece la producción local y la exportación.
El gobierno del P+P ha sido irresponsable en materia de pensiones: ha agravado los problemas en lugar de buscar otras formas de resolverlos. Ahora, la necesidad arrecia, y se han empezado a poner parches. Pero esto solo ha empezado. Y cada vez será más complicado embridar los problemas, ya que la entrada de los baby-boomers en la jubilación tendrá unos efectos electorales importantes.
Las reformas de verdad llegarán cuando la cosa no aguante más, con más trauma del que habría sido necesario, y también con más conflicto intergeneracional que si se hubiera reconocido hace tiempo una cosa muy sencilla: los jubilados han cotizado lo que les mandaron... pero lo que les mandaron cotizar está lejos de lo que se necesita para financiar las pensiones. Todo el mundo es consciente, por cierto. Y desplazar todo el ajuste a los que lleguen después, es pan para hoy y hambre para mañana (y muy injusto). Continuará.
