Perplejos e indignados

Un colega de un gran diario anglosajón que fue corresponsal en Madrid y que conoce tan bien la génesis del Proceso en Cataluña como lo que él mismo define como "los viejos instintos" del Estado me pregunta si los partidos soberanistas harán una crítica de los resultados de su estrategia. Respondo que todavía está por llegar mayoritariamente la autocrítica, pero que el nivel de brutalidad del Estado en la gestión política la aplazará y quizás, para algunos, la pospondrá eternamente. Los posibles errores de cálculo del soberanismo siempre son legitimados por la reacción, cegada por la venganza, del gobierno y la justicia españoles. Pero el tacticismo de algunos, la errónea gestión de los tiempos y las mayorías obtenidas y las expectativas no cumplidas en el terreno económico y de apoyo de la UE a la causa soberanista continúan existiendo y habría que ser conscientes para evaluar las fuerzas. El Proceso había previsto una negociación que se ha revelado imposible. Sin suficiente autocrítica por miedo al gregarismo, la política se empobrece y tiende al error colectivo entre aplausos. Algunos protagonistas principales reconocen -en privado- la "fuerza de la riada" emocional que llevó a la proclamación de la DUI. Sin suficiente cohesión política y con un movimiento que tiene la fuerza desde abajo, "viene la ola y te dejas arrastrar por un escenario que ya no controlas".

A parte del convencimiento propio, la intransigencia del gobierno español, la arbitrariedad de la justicia y la militancia de la fiscalía contribuyen como el cemento a unir a los partidos soberanistas y a los ciudadanos de un amplísimo espectro político. El estado de ánimo colectivo se resiente ahora mismo de la violencia policial del 1-O, de la intervención completa de las competencias del gobierno de la Generalitat, que la convierte en una gestoría con el artículo 155, del encarcelamiento de dos activistas pacíficos como son Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y del traslado a prisión de medio gobierno; además de la orden de detención del presidente y otros consellers, aunque en Bruselas. La humillación a los representantes públicos es también un insulto a todos los ciudadanos que han defendido las instituciones y el autogobierno durante cuatro décadas. Una mayoría transversal, que va mucho más allá del soberanismo y que para desesperación de algunos -como Josep Borrell- trasciende el origen familiar o la lengua principal.

El único instrumento de los soberanistas, a parte de la política, era y es la calle, y ya se vio el 1-O que el peligro de violencia no es teórico. De este convencimiento parece nacer la decisión, desconcertante inicialmente, del presidente de internacionalizar cada paso y mantener el foco de la actualidad europea sobre Cataluña.

Explican fuentes bien informadas que la vía Rajoy de un 155 corto con elecciones inmediatas tiene "un olor europeo innegable", y varios analistas coinciden en interpretar que la DUI fue un jarro de agua fría a las simpatías diplomáticas catalanas alimentadas por el civismo del movimiento, las razones económicas, la represión del 1-O y el talante de la diplomacia española, capaz de negar la evidencia de sus abusos de poder en la misma BBC. Si la situación afecta a la imagen de Cataluña, todavía erosiona más la marca España. El relato de la Transición que habría generado un marco democrático y moderno de convivencia y un crecimiento económico renovado ha quedado en evidencia ante todos los socios europeos y los actores económicos. España es más autoritaria y menos democrática hoy a ojos del mundo que hace un mes.

La Moncloa admite hace meses a sus interlocutores que será inevitable una reforma de la Constitución, pero antes pretende una derrota total del soberanismo. Esto lo acompañaban hasta hace poco de una visión tópica del catalán que frena su indignación en el último momento. Esta visión política es una interpretación de la voluntad pactista como una debilidad que hay que aprovechar y explica el fracaso de la calidad democrática del Estado, que se mueve visceralmente y no por oportunidad política. El encarcelamiento del gobierno catalán cambia el tablero de juego una vez más. El fiscal general del Estado va marcando el margen político de Rajoy y se lo va reduciendo en momentos clave.

El insoportable encarcelamiento de políticos pacíficos y elegidos democráticamente tensa las elecciones del 21-D. La opción de una lista que reúna el máximo consenso posible del arco parlamentario para conseguir la libertad de los presos y recuperar las instituciones parece una buena opción para canalizar la situación. Pero los partidos llegan exhaustos y enfrentados. El PDECat tiene el activo de Puigdemont y un partido debilitado y cainita que necesita reconstruirse ideológicamente. ERC llega a las elecciones disciplinada y determinada a presidir la Generalitat. Las conversaciones entre las formaciones son complicadas y el tiempo corre. Entre las cenizas, se dibuja una opción de partidos separados, que les permita marcar su perfil ideológico más allá del soberanismo, con varios objetivos comunes.

Hemos vivido un mes que nunca podíamos haber previsto. Sin embargo, el portavoz de la Moncloa juega con la ficción de recuperar "la normalidad" con las elecciones. Estamos muy lejos de su "normalidad", con el 155 y el gobierno catalán en la cárcel o en Bruselas, pero hay que entender las urnas como una oportunidad.