Pobreza energética: el TC y las soluciones

Hasta hace unos días, cuando una familia catalana no podía pagar la factura de la luz, la empresa suministradora estaba obligada a consultar a los servicios sociales antes de cortarle la electricidad. Si se confirmaba una situación de vulnerabilidad, no había corte. Era el principio de precaución, uno de los pilares de la ley catalana de pobreza energética del 2015. Ahora el Tribunal Constitucional ha anulado esta obligación al considerar que invade competencias estatales. La decisión pone fin a una de las protecciones más ambiciosas contra la pobreza energética que existían en el Estado. Pero también nos obliga a afrontar una pregunta incómoda: ¿por qué seguimos esperando que una familia llegue al límite antes de identificar que necesita ayuda?Sin esta obligación, la protección pasa a depender sobre todo del bono social, el descuento estatal en la factura eléctrica. El problema es que, para beneficiarse de él, hay que saber que existe, tramitarlo y demostrar que se tiene derecho. Y ya sabemos qué pasa cuando el acceso a un derecho depende de este recorrido: mucha gente se queda por el camino. En Cataluña cerca de ocho de cada diez hogares que podrían beneficiarse del bono social no lo reciben.Esto no quiere decir que el modelo que ahora cae fuera perfecto. La misma familia podía obtener una respuesta diferente según el municipio donde viviera, por diferencias de criterio, y en buena parte del territorio estos informes sociales de riesgo de pobreza se emitían con cuentagotas. La protección dependía demasiado a menudo de la capacidad de los servicios sociales o, simplemente, del lugar de residencia. Pero, con todas sus limitaciones, tenía una virtud poco habitual en nuestro sistema de protección social: era una de las pocas puertas que no exigían que la familia las encontrara primero.Sabemos que esta es la dirección correcta. Portugal lo entendió hace una década. Su equivalente del bono social se otorga automáticamente a partir de los datos que la administración ya tiene. Las familias no tienen que conocer la ayuda, ni rellenar formularios ni demostrar una vulnerabilidad que el Estado ya puede identificar; solo quien no la quiere debe rechazarla. Con esto, Portugal multiplicó la cobertura de la ayuda. Y no se trata solo de una experiencia internacional: el mismo principio inspira en Cataluña un plan piloto impulsado por la AOC para detectar situaciones de pobreza energética cruzando datos entre administraciones. La tecnología está ahí. La capacidad institucional, también. Lo que todavía no es automático es la decisión de hacerla servir.La sentencia elimina una protección valiosa, pero también obliga a mirar más allá de los mecanismos que hemos perdido. Sabemos que el principal agujero de la protección energética no es jurídico, sino administrativo: miles de hogares continúan sin recibir ayudas a las que tienen derecho. También sabemos cómo corregirlo. La cuestión ya no es si tenemos alternativas, sino si estamos dispuestos a aplicarlas.