La nueva ley del aborto que ha llegado al Consejo de Ministros tiene avances indudables, sobre todo en lo que respecta al ejercicio de este derecho. Además, incluye otra serie de elementos que no tienen que ver con el aborto como facilitar la baja para reglas dolorosas. Parece un avance, ¿no? Pero ante una nueva ley cabe preguntarse cómo afectará a las más precarias. Porque a menudo, cuando se celebra una victoria de “las mujeres” nos estamos olvidando de las que lo tienen más difícil. Muchas veces quedan excluidas de lo que se nos vende como grandes avances del feminismo.
¿Qué trabajadoras podrán acogerse efectivamente a este nuevo derecho? En un segmento de trabajos estables con derechos laborales asentados la norma puede ser efectiva, pero para la gran mayoría de las trabajadoras de sectores feminizados y precarios esta discusión no tiene ningún sentido. Para las empleadas domésticas, las jornaleras del campo, las kellys y otros sectores precarizados, cogerse este tipo de bajas simplemente puede implicar perder el trabajo. Muchas trabajadoras precarias no es que no tengan la regla, es que tienen que hacer como que no la tienen les duela o no. Igual que con otros dolores y patologías, muchas de ellas desencadenadas por los propios ritmos de trabajo brutales desplegados en jornadas infinitas. La presión bajo la que se trabaja es altísima, porque, a pesar de la reforma laboral, el despido sigue siendo muy barato –o ni siquiera tiene que justificarse como en el caso de las trabajadoras domésticas–, por no hablar de las que trabajan a través de empresas multiservicios: no es que se las despida o no se les renueve, es tan sencillo como que no las vuelven a llamar.
Así, desde el punto de vista de un feminismo que tenga en cuenta la clase, la prioridad deberían ser las demandas de esas trabajadoras de los sectores más explotados –varios relacionados con el sector de cuidados–. Respecto de la salud, las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y de residencias, las Kellys o las envasadoras de productos agrícolas, entre otras, están pidiendo el reconocimiento de varias enfermedades profesionales. Dicen que hoy día tienen que pelear las bajas y escuchar los comentarios de los médicos de que sus dolencias no son provocadas por el trabajo, sino que son “enfermedades típicas de las mujeres”. De hecho, aquí existe un claro sesgo de género, ya que los mineros o los pescadores sí tienen el reconocimiento de “trabajos penosos”, por lo que se pueden jubilar anticipadamente, por ejemplo. Otros trabajos feminizados, muchos del sector de cuidados, como el SAD o las cuidadoras de residencias, además de sueldos bajos y condiciones muy penosas que dejan a las mujeres hechas polvo, no tienen ni este reconocimiento ni jubilaciones anticipadas. Pueden darse casos chocantes en los que la trabajadora sea mayor que la persona a la que cuida.
"Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo”, decía la ministra Montero refiriéndose a la regla. Pero la realidad de la mayoría de estas trabajadoras precarias es que dependen de los calmantes para enfrentar los dolores que sufren. También toman psicofármacos para aguantar las presiones y los malestares que les provoca trabajar. Muchas son ya adictas. Las envasadoras de productos agrícolas hacen jornadas de nueve horas seis días a la semana por convenio, a menudo más. Ana Ruiz Tejada, sindicalista de este sector, cuenta que tiene compañeras que son despedidas el día después de una operación, o el caso de otra que usa morfina para poder trabajar. Casi el 70% de las camareras de piso acaban con dolencias crónicas. Muchas trabajan drogadas porque no pueden coger bajas de ningún tipo. De hecho, como explica el investigador Ernest Cañada, el impacto en la salud se está convirtiendo en el principal indicador de los altos niveles de desigualdad social y de precarización laboral que vivimos. Y evidentemente no es un problema solo de las mujeres.
Pero, si se quiere hacer una política feminista igualitaria respecto de la salud, primero se debería poner el acento en aquellos colectivos que sufren mayor explotación laboral y cuyos problemas son bastante más graves que un dolor de regla por fuerte que este sea. Es cierto que el problema es más complicado porque no se soluciona con el reconocimiento de las enfermedades profesionales, aunque sería un primer paso. La cuestión de fondo es el de las cargas de trabajo y cómo están reguladas y, sobre todo, por qué las trabajadoras están obligadas a soportar esas condiciones infernales.
