A raíz de la firma de un convenio entre el gobierno central y la Generalitat por la cofinanciación de 1.668 contratos de profesor lector –la puerta de entrada a la carrera universitaria–, se ha afirmado que las universidades catalanas tenían un 66% de profesores en contratos temporales mientras que en el resto de España la cifra correspondiente sería del 16%. Un contraste muy perturbador, ya que si esto representa el colmo de la precariedad, me plantea un dilema muy serio. Las universidades catalanas aparecen en los rankings –hace pocas semanas era en el Times Higher Education– como muy destacadas en España. ¿Tengo que llegar a la penosa conclusión de que la precariedad es necesaria para la calidad de la universidad? ¿Tengo que concluir que la decencia me pide que nuestro referente para las buenas prácticas son las propias del nivel medio de las universidades españolas?
No es así. Lo ilustro con un ejemplo hipotético. Las universidades A y B cubren un 20% de su docencia con profesores asociados. Ahora bien, la Universidad A solo hace contratos de asociados auténticos, es decir, profesionales con un buen trabajo fuera de la universidad. Los contratos de asociados, que son a tiempo parcial, la universidad los hace por una décima parte de la dedicación de docencia a tiempo completo. Como consecuencia, el número de profesores asociados de la Universidad A será 2,5 veces superior al de profesores a tiempo completo. La proporción de contratos temporales será, pues, del orden del 70%. La Universidad B, en cambio, solo contrata a asociados falsos. Vayamos al extremo: contrata a tiempo completo (no lo olvidemos: con un sueldo pensado para ser honorífico). En este caso, la proporción de contratos temporales solo es del 20%. Pero ¿qué universidad es más precaria? Evidentemente, la B. Es decir, el contraste entre el 66% de Catalunya y el 16% de España no significa nada si no entendemos bien estas cifras. Seguro que ha habido un problema de contratación precaria en Catalunya, pero dar por bueno que el problema ha sido cuatro veces superior en Catalunya que en el resto de España es una temeridad. Una lección: cuando una cifra es sorprendente y escandalosa, conviene practicar el escepticismo crítico, hacer una pausa y mirarlo bien.
El programa de contratación deriva de la LOSU, la ley universitaria de marzo de 2023, y es esencialmente un programa de estabilización de profesorado precario. Es un programa justo porque no es justo encadenar contrataciones laborales mal pagadas a personas que carecen de otra posición laboral bien establecida. Pero este no es el programa de relevo generacional que mejor servirá a los alumnos o que hará brillar más a nuestras universidades en el contexto europeo. Con todas las excepciones que se desee, el hecho es que este profesorado no ha sido contratado al inicio por un procedimiento que incorporara el nivel de exigencia que correspondería a estos objetivos. A menudo ha entrado para cubrir urgencias docentes.
El programa debe asumirse y la cofinanciación del gobierno central debe ser bienvenido. Pero sería un grave error si nos quedáramos aquí. Es esencial que este programa se complemente con uno igual o más potente orientado a inyectar en la universidad catalana el talento mejor formado del que podamos disponer. En muchos casos este será el que es originario de aquí y se está formando por el mundo. Son profesores/as que tienen muchas opciones y que no se movilizan mucho, pero que no deberíamos perder demasiado porque son la clave de un relevo generacional de calidad. Y porque también es justo que puedan optar en igualdad de condiciones a reincorporarse. Hay programas que permiten esta contratación –que a menudo tendrá que ser a niveles superiores al de lector–. La administración central del Estado tiene su programa Ramón y Cajal, dirigido a universidades y centros de investigación. Ha sido efectivo y es necesario aplaudir que en los últimos años se haya expandido. Por parte de la Generalitat convendría un programa complementario al de estabilización. Sugiero tres ejes. El primero sería impulsar con mucha más fuerza, volumen y exigencia un programa ya existente de incentivos a la contratación universitaria: el Serra-Húnter. El segundo sería mantener y fortalecer el programa ICREA de contratación de investigadores consolidados en las universidades y centros de investigación, y el ICREA Academia de ayudas al profesorado universitario. Finamente, uno que sería nuevo y al que, acertadamente, invita la LOSU: empoderar a los Consejos Sociales para que inciten y ayuden a las universidades a contratar al nivel más alto posible.
