Humanamente, policialmente y políticamente se entiende que la consejera de Interior, Núria Parlon, haya querido desmentir que los presuntos autores del homicidio de Manresa son menores de edad no acompañados. Humanamente, para impedir que se extienda una falsedad. Policialmente, porque mucha gente olvida –o no sabe– que a finales del año pasado Interior empezó a incluir la nacionalidad de los detenidos en sus balances oficiales de criminalidad, precisamente por transparencia. Y políticamente, porque la falsedad es del interés de los que viven electoralmente del estigma a los inmigrantes.
Pero al negarlo con la afirmación “son catalanes” la consejera contribuye al debate, como si lo más importante fuera de dónde venían los presuntos homicidas, y aleja del foco las dos únicas cosas que nos deben importar. Una de inmediata: el respeto por la memoria del asesinado y su familia. Y una estructural: que todo el mundo pueda ir por las calles de nuestro país con la tranquilidad de que no le clavarán una cuchillada, y eso es responsabilidad de los Mossos.
Todos sabemos que son los índices de pobreza en determinados barrios o calles el factor que más lleva a chicos jóvenes, sobre todo, a delinquir. Es un hecho que, en delitos violentos o robos en la calle, el porcentaje de detenidos de origen extranjero suele ser superior. Y como los resultados de las políticas sociales son lentos por definición, las respuestas policiales deben ser rápidas. No puede ser que en una capital tan importante como Manresa haya vecinos que expliquen a cámara que ya no se atreven a salir a la calle más tarde de las nueve de la noche. Ese es el verdadero problema. Y si la policía no está encima de manera efectiva, los partidos del odio ganan terreno.
