Presupuestos: los cinco cajones del déficit fiscal

En medio del debate por el proyecto de presupuestos que el PSC ha acabado retirando, conviene poner luz a cinco grandes carpetas económicas en las que Catalunya se juega mucho en los próximos años. Más allá de la coyuntura, lo esencial es asegurar unos sólidos fundamentos para afrontar los numerosos retos de futuro.

Es innegable que Catalunya necesita presupuestos después de dos prórrogas: el país puede funcionar, pero difícilmente puede avanzar. Esta negociación llega en un momento especialmente delicado, marcado por la ambivalencia entre notables avances en compromisos entre ERC y el PSC/PSOE e incumplimientos en otros, como el del IRPF, en un contexto internacional cada vez más exigente y convulso.

Hay que tener presente que el déficit fiscal que Cataluña arrastra desde hace cuatro décadas no es fruto de un solo factor, sino de múltiples vías. Son cajones a identificar y ordenar, uno a uno, si se quiere corregirlo de verdad. ¿Cuáles son esos cajones?

1. Sistema de financiación autonómica. Es lo que financia las competencias homogéneas de las comunidades autónomas. La reforma llega doce años tarde, cuyos gobiernos han asumido más competencias mientras los costes no han dejado de crecer. El modelo sobre la mesa incorpora cambios relevantes: 21.000 millones de euros adicionales transferidos desde el presupuesto estatal (4.700 millones para Catalunya, un 22%), simplificación del laberinto de fondos, reducción de diferencias entre comunidades y eliminación de los anticipos, que reduce la tutela financiera. También incluye elementos específicos para el arco mediterráneo, como el fondo climático, y para Cataluña, como la posibilidad de ingresar el IVA de pymes según criterio de domicilio fiscal. Aunque insuficiente –probablemente lo será siempre–, es un avance claro. Ahora hay que asegurar que se traduce en ley y supera el trámite en el Congreso.

2. Financiación de competencias no homogéneas. A menudo invisibilizado, pero clave. Durante años, Catalunya ha asumido competencias como la de los Mossos d'Esquadra sin que las transferencias del Estado crecieran en paralelo, lo que ha tensionado a otras partidas. En los últimos años se ha avanzado, pero es necesario culminar el trabajo: blindar jurídicamente la financiación de los Mossos, del sistema penitenciario, del fondo anual de investigación de 150 millones y de las políticas de lengua, y, sobre todo, establecer mecanismos automáticos de financiación vinculados al IVA. Esto implicaría que la participación de Cataluña en el IVA pasara del 56,5% previsto con el nuevo modelo hasta el entorno del 80%. Es un acuerdo avanzado, pero todavía pendiente de cierre.

3. Deuda del FLA. Lejos de ser una cuestión menor, esa reducción es esencial. La cancelación de un 20% de la deuda –17.104 millones de euros– y el ahorro en intereses, cercano a los 2.000 millones, supone una mejora sustancial de la salud financiera de la Generalitat. El acuerdo está cerrado técnicamente, pero pendiente de aprobación definitiva en el Congreso.

4. Déficit inversor del Estado. Es una de las principales fuentes de hemorragia fiscal y requiere toda atención. Las cifras acumuladas de inversiones presupuestadas y no ejecutadas en Catalunya son de una magnitud difícil de adjetivar, directamente escandalosas. Es necesario garantizar la creación de un consorcio de inversiones con capacidad real de planificar, ejecutar y, sobre todo, gestionar los recursos destinados a infraestructuras de titularidad estatal. En paralelo, es necesario completar el traspaso de Cercanías con un plan de mantenimiento e inversión a la altura del reto, y culminar el Corredor Mediterráneo.

5. Delegación del IRPF. Es la carpeta más estratégica. Asumir la recaudación y gestión de este impuesto es clave para corregir la infrafinanciación y avanzar en soberanía fiscal. Es un proceso técnicamente complejo y políticamente exigente, pero ni excepcional ni revolucionario: modelos similares funcionan con normalidad en países federales como Alemania, Suiza y Canadá. Es un compromiso explícito del PSC, avalado por el comité federal del PSOE en julio del 2024.

Ante este escenario, hay dos actitudes posibles: el fatalismo –pensar que nada será suficiente y que siempre nos acabarán enredando– o la exigencia pragmática. Esta segunda implica trabajar cada detalle, activar todas las palancas políticas y afianzar avances, aunque sean parciales, pero sostenidos.

Nos jugamos mucho, como país, en la ordenación y culminación de estos cajones, hoy en fases avanzadas de negociación, pero que cabe rematar bien. También es necesario asegurar que el cajón del IRPF se llena de trabajo técnico riguroso y de garantías reales de cumplimiento, también de carácter normativo.

Sólo así, avanzando de forma sostenida en todos estos ámbitos, se podrá empezar a corregir de forma efectiva un déficit fiscal que, desde hace demasiado tiempo, limita el bienestar y el potencial económico del país.