Presupuestos: los daños sociales colaterales
Sorpresa y decepción ante la convocatoria de elecciones anticipadas después de que los partidos hayan sido incapaces de llegar a un acuerdo para los presupuestos de la Generalitat. Sorpresa y decepción porque el listado de proyectos, iniciativas y normativas del ámbito social que decaen, o que van a quedar paralizadas durante meses, es enorme. Sabemos que las decisiones políticas afectan al conjunto de la ciudadanía, pero ir a las urnas en mayo es una pésima noticia sobre todo para las personas en situación de vulnerabilidad y las entidades sociales que las acompañan y apoyan, casi dos millones de personas en toda Cataluña. Una vez más, la inestabilidad política impactará directamente en quienes menos lo merece, una parte de la población que necesita respuestas políticas decididas y firmes para salir de la pobreza, la exclusión y la desigualdad y que está cansada de esperar.
Avanzar la finalización de la legislatura, justo cuando debían consolidarse y aprobar un amplio número de medidas clave en lo que quedaba de año, es un desacierto para que todavía arrastremos una bolsa de pobreza y exclusión crónica. Con estas legislaturas tan inestables y cortas es imposible desarrollar y consolidar políticas y avances sociales importantes para reducir la precariedad y promover la igualdad de oportunidades. Entre que el Govern toma posesión, se sitúa, diseña las políticas y las aplica, se necesita un tiempo que en la última década nunca se tiene y que es indispensable para avanzar en la buena dirección.
Los daños colaterales no son menores. Sobre la mesa estaba el traspaso del ingreso mínimo vital en Cataluña y la mejora de la renta garantizada de ciudadanía, las herramientas que tenemos para asegurar unos ingresos mínimos que ayuden a cubrir necesidades básicas, y la condonación de la deuda energética de las familias en situación de vulnerabilidad energética de los años 2022 y 2023. En poco tiempo debía presentarse el Pacto Nacional por la Discapacidad y la Estrategia de Lucha contra la Pobreza Infantil, que, por primera vez, reconocía la existencia de esta lacra y marcaba una hoja de ruta a largo plazo. Estaba previsto el despliegue del Plan Territorial Sectorial de la Vivienda, que debía orientar las políticas de vivienda en todo el país; del Pacto Nacional por la Salud Mental, que impulsaba el abordaje de la salud mental desde todos los ámbitos de acción del Gobierno y la sociedad; y de los Consejos Territoriales del SOC, que debían mejorar la implementación de las políticas activas de empleo en el ámbito local.
Una vez convocados los comicios, las normativas que se estaban tramitando en el Parlament de Catalunya, algunas de las cuales estaban en la cámara desde hacía meses y en algunos casos años, decaen. Decae la proposición de ley para hacer frente y erradicar el sinhogarismo, que quiere reconocer y asegurar los derechos y una atención real y efectiva de las personas sin hogar. Decae el proyecto de ley de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria, diseñada para dar una respuesta de mayor calidad y más equitativa a las personas con más necesidades de atención y más complejas. Decae el anteproyecto de ley integral del derecho a la identidad y expresión de género para reconocer explícitamente el derecho a la identidad de género ya la libre expresión de género como derecho humano fundamental. Decae el proyecto de decreto por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales 2025-2029, que debía actualizar los tipos de prestaciones (servicios sociales básicos, servicios sociales especializados y prestaciones económicas) y su garantía en Cataluña. El listado de daños sociales colaterales es más largo y toca a todos los colectivos.
Las entidades sociales tampoco escapan a estos daños. Decaen tres marcos jurídicos de reconocimiento y fortalecimiento del sector: la Ley del Tercer Sector Social, la ley de instrumentos de provisión del sistema público de servicios sociales (una normativa que debía fortalecer la colaboración entre la administración y las entidades y los agentes que prestan servicios sociales) y la Ley de la Economía Social y Solidaria. Años de mucho trabajo que se van prácticamente a la papelera y que son absolutamente indispensables para reconocer, mejorar y dignificar el trabajo de las organizaciones sociales de ese país.
Ante esto, una demanda clara poselectoral. Se forme el gobierno que se forme el 12 de mayo, por favor, póngase a trabajar de manera inmediata y sobre todo tenga en cuenta que detrás de cada medida, plan, estrategia y normativa hay una gigantesca dedicación de tiempo y recursos, ha articulado desde el consenso y que no se puede desperdiciar.