El PSOE se hace un lío con la memoria histórica

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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una sesión de control al Congreso

BarcelonaLas ganas del PSOE por cumplir una de sus promesas electorales y aprobar una ley de memoria histórica, y a la vez no herir susceptibilidades, le han jugado una mala pasada. Primero dejó que Unidas Podemos anunciara el miércoles a bombo y platillo que los dos partidos habían pactado una enmienda que permitía esquivar la ley de amnistía y juzgar a los responsables de los crímenes de la dictadura. El PSOE, por boca de su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, no tardó a echar agua al vino y advirtió que no era ninguna "panacea". Pero ha sido este jueves cuando el impulsor de la ley, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha admitido que la enmienda, que afirma que la ley de amnistía “se interpretará y aplicará en conformidad con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la condición de imprescriptibles y no amnistiables”, no supone ningún cambio real en el "sistema jurídico". Por lo tanto, lo que miércoles por la mañana eran grandes titulares de prensa, 24 horas después quedaba en prácticamente nada, una enmienda más simbólica que operativa.

Bolaños daba la razón así al posicionamiento de ERC, que el miércoles mismo ya advirtió que la enmienda no abría ninguna puerta que no estuviera ya abierta. Y es que el Estado se adhirió a la Convención de Ginebra y asumió el derecho internacional, que considera que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Por lo tanto, ya hace 44 años que la rendija para perseguir estos crímenes estaría abierta. Aun así, la realidad es que el Tribunal Supremo ha esgrimido en muchas ocasiones la ley de amnistía del 1977 como fundamento jurídico para no perseguir los crímenes de la dictadura. Los republicanos mantienen que la única manera efectiva de conseguir perseguir aquellos crímenes (a pesar de que en la práctica hay muy pocos supervivientes de aquel periodo) es modificar la ley de amnistía, a lo cual el PSOE se niega rotundamente.

A estas alturas, pues, la ley está lejos de tener los apoyos necesarios para ser aprobada. Sin ERC, el gobierno tendría que mirar hacia Ciudadanos y combinar su voto con el de Unidas Podemos, cosa muy improbable. El PSOE, pues, tiene que asumir que si quiere sacar adelante la ley de memoria histórica con el bloque de la investidura, tendrá que ser más ambicioso y dar un paso decidido para declarar "ilegal" al régimen franquista y asumir sus consecuencias. Y si no lo tendrán que guardar en un cajón.

La línea roja de los socialistas hasta ahora ha sido evitar cualquier tipo de responsabilidad financiera para el Estado, o sea, limitar el resarcimiento al aspecto simbólico pero evitar de todas todas que las víctimas o sus descendientes puedan reclamar indemnizaciones. Hay que ser consciente que una ley como la que defiende ERC situaría al PSOE fuera del consenso de la Transición y ampliaría la ruputura con la derecha, pero también es cierto que resulta muy frustrante que 45 años después de la muerte del dictador no se pueda dar un paso decidido para reparar a las víctimas del franquismo, que fueron las grandes olvidadas de la Transición, y que, además, ahora ven cómo los partidarios del dictador vuelven a intentar ser protagonistas de la política española.

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