El dicho Año nuevo, vida nueva no siempre se hace realidad. Y en política a menudo las cosas no son nuevas. En diciembre ya veíamos cómo diferentes alcaldes de Junts del Maresme solicitaban la expulsión de personas delincuentes reincidentes extranjeras. Precisamente, el propio partido político recordaba el episodio, hace unos días, para hablar de las condiciones que deberían darse para poder expulsar a estas personas, a partir del acuerdo entre PSOE y Junts que supondría la "delegación integral" de las competencias de inmigración en la Generalitat.
Pero los datos hablan. Desde hace años, la tasa de personas extranjeras encarceladas en los centros penitenciarios de Catalunya y la de las personas que cumplen una medida penal alternativa son aproximadamente del 50% cada una, según consta en las estadísticas del Departament de Justícia. Así pues, el 50% de las personas que cumplen medidas penales son “autóctonas”, por lo que la asociación de persona extranjera con delincuencia supone un sesgo estigmatizante del perfil de las personas delincuentes.
Si nos fijamos en los datos sobre reincidencia, no se aprecian diferencias estadísticas significativas según origen (22,2% de personas nacidas fuera y 20,4% con nacionalidad española), tal y como muestra la investigación Tasa de residencia penitenciaria 2020 del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE). Es más, la tasa de reincidencia de los internos recién llegados ha descendido casi 11 puntos desde 2014, cuando era del 33%, lo que demuestra un descenso de la reincidencia penitenciaria en este colectivo, gracias, entre otros factores, a las políticas de acompañamiento y retorno a la comunidad.
El uso de estigmas y etiquetas hacia la comunidad migrada y las personas que han cometido delitos las perpetúa en este rol. Esto dificulta enormemente el proceso de reinserción, en el que trabajamos las entidades sociales del ámbito penitenciario y ejecución penal de la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS).
Muchas de las personas que entran en la rueda del sistema penitenciario viven en contextos de pobreza y exclusión social extrema, contextos en los que el ascensor social es completamente inexistente y existe una falta absoluta de oportunidades. No decimos nada nuevo: las personas ricas son cada vez más ricas y las pobres, más pobres. Y si nos fijamos en el eje migratorio, las desigualdades empeoran: el 52,7% de la población migrada sufre riesgo de pobreza o exclusión social en Catalunya, el triple que las personas con nacionalidad española.
Más allá de las dudas e incongruencias que generan declaraciones que vinculan inmigración y delincuencia, cabe recordar que la precariedad y la exclusión de la población migrada se sustentan en una ley de extranjería discriminatoria, que agrava los factores de empobrecimiento vinculados al proceso migratorio. A las personas condenadas a una situación administrativa irregular se las aboca también al trabajo sumergido, a una mayor explotación laboral, a obstáculos para acceder al sistema de protección social o a la exclusión residencial.
Por lo tanto, una estrategia transformadora sería actuar desde la prevención para reducir la exclusión social. Y para ello se necesitan más recursos de los que se destinan a ello en la actualidad. Para muestra, un botón: el estudio sobre el acompañamiento postpenitenciario profesional como herramienta de apoyo al retorno a la comunidad del CEJFE muestra cómo determinadas políticas sociales basadas en el buen trato y el acompañamiento ayudan a reducir el riesgo de reincidencia.
Es necesario, pues, apostar por más políticas sociales que reduzcan las desigualdades sociales, que prevengan la delincuencia y la reincidencia para toda la población y huir de los discursos estigmatizadores. Solo así podremos avanzar hacia un modelo de ciudadanía plenamente integrada.
