Digamos las cosas por su nombre: si en algún momento ha de estar justificado pedir la dimisión del presidente Pedro Sánchez, sería ahora. La sentencia del Tribunal Supremo que condena a Ábalos y Koldo deja al presidente en una situación comprometida. Ábalos fue durante tres años titular de un ministerio tan relevante como el de Fomento, reiteradamente avalado por el presidente, llevaba la fontanería interna del partido socialista y el mismo Sánchez lo había señalado como persona a quien confiaba el día a día de la gestión. Parece claro que no ha habido ningún vínculo del presidente con los hechos sentenciados. Que, por tanto, la trama de corrupción creció sin que le llegara noticia de lo que estaba pasando, lo cual abre interrogantes sobre los sistemas de control de la Moncloa. Pero un presidente de gobierno es responsable de sus acciones; por ejemplo, de los nombramientos que hace. Y más aún cuando son del máximo nivel. Ante un escándalo como este –una trama de corrupción en la cúpula del gobierno orquestada por una persona del entorno inmediato del presidente–, Sánchez no puede hacer como si no hubiera pasado nada. Algo falla cuando en la cúpula del poder hay un caso de esta envergadura y el presidente se entera cuando ya es tarde.
Ahora es cuando la obsesión de Feijóo –la dimisión de Sánchez, tema único de su estrategia de oposición– toca fondo. Sus apelaciones reiteradas para que Sánchez plegara han frivolizado la cuestión, la demanda de dimisión del presidente hace tiempo que no es un hecho relevante porque Feijóo la ha convertido en una cantinela, casi una manera de decir buenos días al levantarse. De tanto repetirlo ya no significa nada. Si Feijóo se hubiera ocupado de buscar otros temas e ideas para hacer oposición ahora tendría una sonada oportunidad de pedir con todo el acompañamiento sinfónico la salida del presidente. Y tendría razón. Pero "dimisión", en voz del presidente del PP, hace tiempo que solo es una letanía para entretener su melancolía. Y cada vez que alza la voz queda a beneficio de inventario.
La sentencia deja un regusto amargo con la predisposición favorable a Aldama. La justicia tiene razones que a veces cuestan de entender. Sin Aldama, el promotor del negocio turbulento, no habría habido caso. Dicho sin rodeos: el corruptor goza de un sorprendente trato privilegiado. Se le condena pero se le ahorra la prisión, en nombre de las supuestas contribuciones al conocimiento público de los hechos y de los actores que han llevado al proceso judicial. Sin embargo, es difícil de entender que el actor privado promotor de la conjura, el que buscó a los personajes que había que corromper para enriquecerse en las entrañas del Estado, salga mucho mejor parado que los que cayeron en sus tentaciones. Si él no hubiera trabajado las complicidades el delito no habría existido. Se le condena –cuatro años y medio– pero se le libera de la prisión. Una extraña sensación de que el rigor en la aplicación de la ley varía según si el actor es público o privado, y se argumenta con razones que la razón no entiende. No nos engañemos: sin el corruptor no habría habido caso.
A Sánchez se le estrecha el camino. Estamos hablando de una trama corrupta en el eje del consejo de ministros, con unos responsables con incidencia reconocida sobre el gobierno y sobre el partido. De hecho, solo la frivolidad de Feijóo puede acabar salvándolo. Y no deja de ser una buena lección para la derecha: gritar por gritar no lleva a ninguna parte. La oportunidad les ha llegado, pero su ligereza los puede perder. Pedir la dimisión cada semana lo convierte en un juego irrelevante. Y contribuye a hacer creer que el remedio es peor que la enfermedad. Y probablemente lo es. En este momento, cuando toda Europa gira hacia la radicalización derechista, da miedo que llegue aquí una regresión autoritaria. Lo cual no impide que el caso Ábalos deje a Sánchez agarrado a un flotador pinchado.
