A sus múltiples motivos de preocupación, Pedro Sánchez puede añadir otro: el Ayuntamiento de Palma le acaba de declarar persona non grata en la ciudad. Lo ha hecho la mayoría que gobierna, formada por PP y Vox, y por iniciativa –claro– del partido de Abascal.
El episodio de Palma es grotesco, como casi todo lo que nos llega del entendimiento entre los dos partidos de la derecha nacionalista española al frente de las instituciones isleñas. Pero que haga reír no significa que no sea significativo. Que la capital de una de las comunidades con un déficit fiscal más acusado de todo el estado español dedique sus esfuerzos a una gesticulación absurda como ésta es representativo del estado de ánimo que dicha derecha ha logrado generar en torno a la figura del actual presidente del gobierno español. Un nivel de criminalización, demonización y deshumanización que hasta ahora habían sido reservados a los enemigos tradicionales de la patria española: líderes de los nacionalismos o de los independentismos catalán y vasco, y puntualmente algún/a líder de la izquierda española. En la actual etapa frágilmente democrática, es la primera vez que se ve abocar la violenta irracionalidad del ultranacionalismo español contra un presidente también español. Zapatero ya recibió odio en su momento, pero el proceso de putrefacción de la figura de Sánchez (y todos aquellos que caigan en el sanchismo, desde sus familiares hasta el fiscal general del Estado) es otra película.
El rosario de escándalos en el PSOE, muy particularmente los escándalos de acoso sexual por parte de dirigentes machistas, son ácido sulfúrico para la credibilidad de Sánchez y para la paciencia –a menudo es el único al que agarrarse– de la ciudadanía y el electorado de cebo. Pero aún así, y salvo que no llegue el momento en que se vea definitivamente acorralado, Sánchez no pierde de vista que él es el único que puede convocar elecciones, e intentará no hacerlo hasta el final de la legislatura –como ha anunciado tantas veces–, o al menos lo antes posible. Actuando así tiene cosas que ganar. Tiempo, para empezar, para que hagan su camino las causas judiciales contra el PP (el partido que sigue liderando, de largo, los rankings de corrupción: hace unos días Verificado cuantificaba que el PP solo es responsable del 40% de la corrupción judicializada en España, por valor de 3.062 millones de euros). Y tiempo para que Europa pueda dar la luz verde definitiva a la amnistía y se pueda aplicar o intentar aplicar, algo que comportaría un revulsivo en la legislatura. Pero además, y quizás esto tampoco se espera de un presidente de gobierno, hay un componente personal en todo ello. El manual de resistencia dice que a las derechas ultra, o asimiladas, no hay que permitirles hacer lo que hicieron con Lula en Brasil (encarcelarlo) o con Costa en Portugal (obligarle a dimitir en medio de una tormenta en la que los escándalos reales se mezclaban con las difamaciones y las mentiras). Por el momento, con las fiestas llega el paréntesis parlamentario hasta febrero.
