Hace unos días saltó a los medios una noticia que nos heló. Se trataba, presuntamente, de uno de los casos de violencia hacia un bebé por parte de sus padres más espeluznantes que se han divulgado. Tan pronto como se conoció –y en la supuesta búsqueda de contexto– diversos medios de comunicación hicieron hincapié en una vertiente de este contexto que inmediatamente despertó mi indignación como profesional de la acción social desde hace 30 años. La sorpresa máxima de tertulianos y supuestos “expertos” era cómo se había producido esta situación tratándose de una familia que describían como “normal”. En el contexto, "normal" hacía referencia al hecho de que habitaban en un barrio no señalado como zona en riesgo de exclusión social, padre y madre trabajaban y además la madre era enfermera. En definitiva –y sin nombrarla como tal–, se definía como una familia que no tenía problemas económicos. Así pues, cuando se hacía referencia a una familia “normal” en estos términos se desprende que todas las familias con una situación de precariedad económica no son normales y, por otra parte, deduzco también del contexto que lo que se dice sin decir es que, en las familias donde no hay pobreza, no es habitual que se produzcan violencias o no tenemos manera de explicarlas. Me parece especialmente interesante poner el acento en cuál es el marco mental que subyace bajo palabras a medias dichas. Estos marcos muy a menudo pueden determinar la vida de personas sin que haya una voluntad expresa. En este caso estamos hablando de estigma hacia la pobreza, ahora llamada aporofobia. Bajo esta premisa clasista entendemos que los niños en familias económicamente vulnerables siempre están en riesgo y, por lo tanto, en observación, control y bajo sospecha. Por otro lado, aquellos niños para los cuales –por la situación económica de su entorno de convivencia– no hay mecanismos que permitan encender la luz de alarma pueden estar viviendo situaciones de desprotección o violencia física, psicológica o emocional sin que se despliegue ningún mecanismo de protección, excepto en casos de altísima gravedad como este.Si bien, en general, existe una alta profesionalidad en los diversos sistemas públicos de protección a la infancia y la adolescencia, así como en el sistema de salud, el estigma puede operar y opera tanto a escala estructural como en el ámbito concreto de la mirada individual. El estigma hace que hayamos aceptado como sociedad un sistema donde todos los niños que acuden solo a circuitos privados (educativos y de salud especialmente) no reciben el mismo nivel de control que en el ámbito público. Justamente porque pensamos que en las familias “normales” todo esto no pasa. Y, por otra parte, también hemos aceptado que los espacios donde las familias acuden a pedir ayudas económicas por situaciones de vulnerabilidad económica son analizadas de arriba abajo. Todo se entiende y es explicable desde el análisis particular, pero el resultado final es un clasismo y a menudo racismo estructural que presenta un sesgo en la mirada social respecto a la relación entre las violencias y la desigualdad económica.
