El tabaco necesita fecha de caducidad
La decisión del gobierno español de ampliar los espacios libres de humo en terrazas, playas, campus universitarios y otros espacios públicos es una excelente noticia. Llega tarde, pero llega. Es una reforma necesaria, avalada por la evidencia científica y coherente con lo que desde hace años recomiendan la OMS y la comunidad científica.
Cada año el tabaco mata a más de ocho millones de personas en el mundo. En Cataluña, casi 10.000. Es el equivalente a ver desaparecer, anualmente, una ciudad entera del tamaño de Montgat o de La Seu d'Urgell. Continúa siendo, de largo, la principal causa de muerte prematura evitable. También es responsable de una enorme carga de enfermedad cardiovascular, respiratoria y oncológica, de discapacidad, de dependencia y de un coste sanitario y social que en Cataluña se estima en más de 3.000 millones de euros anuales. No hay impuesto especial sobre el tabaco que compense esta factura. La pagamos todos, también quienes nunca han encendido un cigarrillo.
Ante estas cifras, sorprende que todavía discutamos si prohibir fumar en una terraza es excesivo. Hace solo unas décadas, también parecía una exageración impedirlo en hospitales, en centros de trabajo o en bares y restaurantes. Siempre se repitieron los mismos argumentos: que era un ataque a la libertad, que la hostelería se arruinaría, que se perderían puestos de trabajo. No ocurrió nada de eso. Hoy nadie plantearía dar marcha atrás. La historia de la salud pública nos enseña una lección recurrente: las medidas que primero son calificadas de paternalistas acaban convirtiéndose, con el tiempo, en expresiones del sentido común.
Los beneficios de estas medidas van mucho más allá del humo pasivo. Desnormalizan el consumo, protegen a los niños y adolescentes, dificultan la iniciación al tabaquismo, favorecen que muchos fumadores dejen el hábito y contribuyen a construir entornos saludables. Las terrazas, las playas o los campus universitarios no son solo espacios de ocio; también son espacios de aprendizaje social. Los niños aprenden observando. La inmensa mayoría de los fumadores empezaron cuando eran adolescentes, en una etapa especialmente vulnerable: cuando el cerebro todavía está en desarrollo, cuando la presión del grupo pesa más que cualquier advertencia sanitaria, cuando la nicotina convierte una curiosidad adolescente en una dependencia para toda la vida. Si el tabaco desaparece de los espacios compartidos, también desaparece progresivamente del paisaje mental de las nuevas generaciones.
En este sentido, la reforma actual recupera una iniciativa que Cataluña ya planteó hace casi cuatro años. En septiembre de 2022, desde el Departamento de Salud anunciamos una normativa para prohibir fumar en las terrazas, en las entradas de escuelas y hospitales y en las paradas de autobús. Este mismo diario le dedicó un editorial inequívoco: "Menos humo, más salud". Defendía que proteger la salud de los no fumadores estaba muy por encima del supuesto derecho a inhalar sustancias cancerígenas por placer y recordaba un dato a menudo olvidado: más del 75% de la población no fuma. Pocos días después, sin embargo, la crisis política derivada de la salida de Junts del Govern congeló aquella reforma, que nunca llegó a ver la luz.
Esta reforma es un punto de partida, no de llegada. Si sabemos que el tabaco es un producto que, consumido exactamente según las instrucciones del fabricante, mata aproximadamente a la mitad de sus consumidores habituales, ¿por qué seguimos aceptando que cada nueva generación se incorpore? Si hoy alguien descubriera el tabaco, ninguna agencia reguladora del mundo autorizaría su comercialización. No existe ningún otro producto de consumo legal con una letalidad comparable. La única diferencia es que el tabaco hace siglos que convive con nosotros. Su antigüedad le ha concedido un privilegio excepcional: ser juzgado por la historia y no por la evidencia. El gran éxito de la industria del tabaco no es haber normalizado su consumo, es haber normalizado su venta.
Es en este punto donde el Reino Unido ha decidido cambiar las reglas del juego. La ley aprobada este año no prohíbe fumar a los adultos ni criminaliza a los fumadores. Hace algo más inteligente: impide que las nuevas generaciones entren en el mercado del tabaco. Las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009 no podrán comprarlo nunca legalmente. Es una idea tan simple como disruptiva: el problema no es solo reducir el número de fumadores, sino dejar de “fabricar” nuevos. Sus detractores lo han calificado de paternalismo. Pero el verdadero paternalismo es resignarse a que millones de adolescentes sigan convirtiéndose en clientes de una industria que sabe perfectamente que, si no crea adicción antes de los veinte años, difícilmente tendrá consumidores nuevos. La libertad que algunos invocan no es tanto la de los ciudadanos como la de un negocio para seguir asegurándose el relevo generacional de sus clientes.
Dentro de veinte años probablemente nos preguntaremos cómo era posible que se fumara con absoluta normalidad en una terraza llena de gente o en una playa. La reforma que ahora inicia su camino parlamentario es un paso en la buena dirección. Pero, si queremos reducir de verdad la primera causa de muerte evitable de nuestro país, el objetivo no puede ser solo regular el tabaquismo. Siguiendo el ejemplo del Reino Unido, le hemos de poner fecha de caducidad.