Como era previsible, el Tribunal Supremo ha emitido un informe contrario a la concesión de los indultos a los presos del Procés. Pero no por esperado resultan menos inquietantes los argumentos que usa la sala segunda en un documento que respira espíritu de venganza y que se alinea claramente con las tesis contra el gobierno de Pedro Sánchez. El Supremo insiste a lo largo del informe en la carencia de arrepentimiento de los condenados y en su riesgo de reincidencia, es decir, pretenden la humillación de las personas a quien condenaron a largas penas de prisión por un delito, el de sedición, que es anacrónico y no se ajusta a la realidad de los hechos que se vivieron en octubre de 2017. Pretenden aniquilar la disidencia.
Pero el Supremo va más allá de defender su sentencia y de afirmar que es ajustada a derecho (una cosa que se tendrá que dirimir dentro de unos años en Estrasburgo), sino que amenaza veladamente al gobierno de Sánchez que, si se atreve a aprobar los indultos, la sala tercera los podrá tumbar. ¿Y cómo lo hace? Pues aportando los argumentos que servirán de base para el recurso que, con toda seguridad, presentarán el PP y Vox contra los indultos. Entre ellos, por ejemplo, está el hecho que algunos de los condenados son miembros de un partido (ERC) que es socio del ejecutivo de Sánchez, como si esto, en lugar de ser una muestra de la apuesta por la vía política del independentismo, fuera justamente el contrario. En última instancia, el Supremo afirma que la concesión de los indultos "sería una solución inaceptable", saltándose de manera flagrante la separación de poderes.
El legislador dio al ejecutivo la potestad de una medida de gracia como los indultos precisamente para evitar que la aplicación ciega de la justicia pudiera provocar un perjuicio social mucho más grande de lo que había provocado la condena. En muchos casos son los mismos tribunales los que abren la puerta al indulto en sus sentencias. Y, incluso, el Supremo llegó a hacer un informe favorable a la concesión del indulto al golpista Antonio Tejero, a pesar de que no había ningún tipo de arrepentimiento, por motivos de conveniencia "pública" y para contribuir al "olvido de unos hechos que tienen que quedar ya en el pasado". O sea, que en el caso de Tejero sí que convenían los indultos y en el caso de los presos políticos independentistas, ¿no?
Lo más grave aquí no es el sesgo ideológico del Supremo, lo que ya se puede comprobar a menudo en sus sentencias, sino el hecho que se permite el lujo de corregir y advertir a un gobierno democráticamente surgido de las urnas. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ya dijo antes de que se hiciera público el informe que "un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar". ¿Quién son los jueces para decidir qué es mejor o qué no para la concordia? ¿O es que condenar a penas de prisión a personas como Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que lo único que hicieron fue convocar (y desconvocar) manifestaciones, sí que ayuda a la concordia? La única realidad es que, actualmente, el Supremo parece trabajar en contra de la convivencia y a favor de enquistar el conflicto político.
