El TSJC rompe con el consenso lingüístico de la Transición en la escuela
La espada de Damocles judicial se ha hecho efectiva. El TSJC ha dictado la obligatoriedad de que el gobierno catalán aplique el 25% de castellano en todas las escuelas e institutos, lo cual supone una estocada a la inmersión lingüística que se ha aplicado en Catalunya desde hace casi cuarenta años con una amplia aceptación social. Una aceptación que ha permitido incorporar al uso del catalán a miles de chicos y chicas que no lo tenían como lengua habitual, sin ir en detrimento del castellano. El éxito ciudadano y académico de este sistema está fuera de duda, tal como corroboran los datos. Ahora, sin embargo, después de años de insistencia de una minoría de familias (en concreto, poco más de un centenar desde el 2005) que han contado con el apoyo mediático activo de medios españoles y de la triple derecha, y que han actuado a través de los tribunales, se entra en una etapa incierta.
El peligro principal es introducir la semilla de la división en la escuela y en la sociedad catalana por motivos de lengua, una posibilidad de la cual siempre se ha huido. La convivencia de los dos idiomas oficiales ha sido un valor muy preservado, desde la aceptación general de que el catalán era la lengua más débil y la que, por lo tanto, había que discriminar positivamente. La escuela era uno de sus pocos pilares, a pesar de que estudios recientes ya alertan de que la aplicación laxa de la inmersión lo está arrinconando también en las aulas. Y aquí es donde aparece el segundo peligro: con esta decisión judicial llueve sobre mojado, de forma que en la práctica, si se hace efectiva, puede suponer una grave estocada para el idioma histórico del país, que ahora mismo se encuentra en una situación de claro retroceso.
La irrupción del llamado "gobierno de los jueces", imponiendo cuotas en un asunto tan delicado, considerado esencial por buena parte de la sociedad catalana, abre, por otro lado, un panorama de inestabilidad política que puede tener repercusión en la gobernabilidad de España –solo hay que recordar el acondicionamiento presupuestario con el catalán en el audiovisual–, y que por supuesto también puede tener consecuencias en el intento, ya de por si bastante débil, de encarrilar el pleito soberanista catalán con el Estado por la vía del diálogo. Tocar la lengua, y más concretamente desmontar el gran consenso histórico sobre la escuela, supone romper también los pactos de la Transición y violentar la cohesión social.
El Govern tiene ahora un gravísimo problema sobre la mesa. La vía de la desobediencia es difícilmente transitable porque implicaría a miles de funcionarios y podría tener una afectación indeseable en la formación de miles de chicos y chicas, ya bastante castigados por la pandemia. Pero aceptar sin más ni más una imposición de los tribunales que no responde a la realidad de la opinión ciudadana mayoritaria tampoco es aceptable. Por lo tanto, el Govern, que ya tendría que tener previsto este posible desenlace judicial, es de esperar que responda con inteligencia y firmeza a esta interferencia, dando seguridad a docentes y familias, y buscando modificaciones legales (por ejemplo, a través de la ley catalana de educación), de forma que la vida escolar y académica pueda seguir su curso y que el catalán, un patrimonio cultural colectivo, no lo pierda todo en los centros educativos.
