La vivienda y la degradación política

El Congreso ha rechazado la convalidación del llamado decreto ley de vivienda aprobado hace dos meses por el consejo de ministros. La norma preveía, entre otras medidas urgentes, la prórroga de contratos de alquiler que expirasen antes del 31 de diciembre de 2027, el tope del 2% en las renovaciones para contener subidas abusivas y mecanismos de protección para personas vulnerables ante desahucios. Estas medidas tienen su origen en iniciativas de Sumar inscritas en un decreto anticrisis más amplio del gobierno español, que incluía también ayudas como rebajas fiscales en energía y carburantes. Con el voto contrario de Junts per Catalunya, el Partido Popular y Vox, estas medidas han decaído. El rechazo no es un episodio menor y, vistos los comentarios en medios y redes sociales, tiene claros efectos reputacionales para Junts, ya que refuerza la ambivalencia de su posicionamiento ideológico. Con su caída se pierden instrumentos concretos que, aun siendo limitados, ofrecían un cierto alivio inmediato a miles de personas. No resolvían el problema de la vivienda, pero contenían sus efectos más duros.Junts ha justificado su voto contrario argumentando que el decreto era insuficiente y no abordaba las causas estructurales de la crisis. Además, como en anteriores ocasiones, su portavoz en Madrid, Míriam Nogueras, ha defendido que no se pueden continuar avalando iniciativas puntuales sin una negociación más amplia y sostenida que tome en serio el cumplimiento de los pactos de investidura y los reclamos de Junts. Esta posición puede ser comprensible en clave estratégica de partido y de país, pero para los sectores más críticos resulta problemática cuando acaba bloqueando medidas de protección en un contexto de emergencia habitacional.

En esta línea, ERC ha criticado el posicionamiento de Junts y ha defendido su apoyo al gobierno español apelando a la necesidad de responder a la emergencia, sin condicionarlo de manera efectiva al cumplimiento de los pactos de investidura. Esta actitud, sin embargo, plantea interrogantes, ya que implica avalar medidas puntuales (como se ha hecho sistemáticamente a lo largo de la legislatura) sin asegurar avances en soberanía que permitirían abordar problemas estructurales. En este contexto, la crítica de Gabriel Rufián en términos de una dicotomía simplista entre “derecha” y “zesquierda” resulta, como mínimo, miope y tiende a reforzar una demagogia partidista que empobrece el debate público. Reducir una cuestión tan compleja a esta lógica binaria puede ser útil retóricamente, pero evita abordar el fondo del problema: cómo se negocian —o no— las políticas públicas en ámbitos esenciales y se alcanzan los apoyos.De hecho, la posición de ERC también resulta problemática y su posición poco exigente ha demostrado ser limitada a la hora de alcanzar los objetivos que justificaban el apoyo a la investidura de Sánchez. ERC ha sido incapaz de condicionar de manera efectiva la confianza y el apoyo al gobierno español al cumplimiento de acuerdos estructurales, a menudo apelando a la necesidad de “salvar” la estabilidad o de responder a emergencias. Esta actitud basada en la simple confluencia ideológica proyecta una imagen de subordinación sistémica que evidencia una incongruencia: la crítica a la no aprobación del decreto convive con una práctica política que no ha conseguido revertir déficits clave de recursos y de capacidad de decisión que son esenciales para abordar de manera estructural esta y otras emergencias.Mientras estas dinámicas de confrontación estéril entre Junts y ERC se reproducen, la emergencia en Cataluña se agrava. La degradación y simplificación del discurso no solo no ayuda, sino que genera más frustración ciudadana. Las formas, en política, importan: su subversión favorece la antipolítica y una concepción de la democracia como espectáculo. En lugar de negociar a fondo por parte de quienes tienen la clave de la gobernabilidad, se priorizan medidas a corto plazo –reactivas– que no abordan las causas estructurales y la necesidad de recursos públicos. El tema de fondo, pues, va más allá de este episodio. Tensiones similares se acumulan en ámbitos como el transporte o los servicios públicos, mientras cuestiones de fondo como el déficit fiscal o la desinversión continúan sin respuesta. En todos estos ámbitos se pone de manifiesto la dificultad de sostener acuerdos mínimos en ámbitos cruciales y la falta de esfuerzo real por parte del gobierno de Sánchez para negociar seriamente.

Volviendo al decreto, conviene no idealizarlo. Era, en el mejor de los casos, una respuesta reactiva: pensada para contener urgencias, y no una estrategia preventiva capaz de transformar las causas estructurales de la falta de vivienda asequible. Centrar el debate en este voto esconde una realidad más profunda: en España, y en Cataluña, arrastramos décadas de políticas insuficientes en materia de vivienda. En Cataluña el problema se agrava por limitaciones de recursos y de capacidad de decisión, un aumento sostenido de la población y un incremento de las desigualdades. La crisis no es puntual sino estructural.La diferencia con otros contextos europeos es clara. En Alemania o en Suiza, el peso de la vivienda pública o cooperativa es muy superior, lo que ayuda a estabilizar los precios y ofrecer alternativas reales. Sin esta apuesta, cualquier medida será limitada. A la vez, se introducen límites e incentivos para frenar la especulación: en Alemania, la fiscalidad desincentiva la venta a corto plazo; en Suiza, se limita mucho la compra por parte de ciudadanos extranjeros o empresas no residentes para evitar viviendas vacías.Estas medidas parten de una idea clave: no es lo mismo una vivienda para vivir en ella que un activo financiero. Por eso, debates como el del crecimiento demográfico se han de plantear también en términos de responsabilidad: no se trata de crecer o no crecer, sino de hacerlo garantizando la cohesión social y el acceso efectivo a bienes básicos como la sanidad, la educación o la vivienda. Aquí es donde el debate deviene más profundo. La vivienda no es solo una mercancía: es un derecho social. La Constitución española reconoce el derecho a una vivienda digna (art. 47) y establece que la propiedad está sometida a su función social (art. 33). Esto implica que el derecho de propiedad no es absoluto y que se pueden establecer límites para evitar usos especulativos y garantizar el acceso efectivo.En un artículo ya clásico, Homelessness and the Issue of Freedom, Jeremy Waldron recuerda que la libertad requiere un espacio donde ejercerse. Sin vivienda, derechos como la privacidad o la autonomía devienen puramente formales. Es una reflexión que a menudo comparto con mis estudiantes de posgrado en derechos humanos. Esta es la cuestión que debería orientar el debate. Porque el problema de la vivienda es, sobre todo, una cuestión de derechos y de calidad democrática.