Lugar de votación en Ginebra. GIAN EHRENZELLER / EFE
Catedrática de derecho internacional en el Geneva Graduate Institute e investigadora en el Albert Hirschman Democracy Centre
4 min

Domingo, 14 de junio, los ciudadanos suizos votarán una de las iniciativas más controvertidas de los últimos años: la denominada “Iniciativa para la sostenibilidad”, conocida como la iniciativa “No a una Suiza de 10 millones”. Impulsada por la Unión Democrática de Centro (UDC/SVP), principal partido de la derecha nacional-conservadora, la propuesta quiere impedir que la población residente permanente supere los diez millones de habitantes antes del año 2050. Si la población llegara a los 9,5 millones, el gobierno federal debería adoptar restricciones en materia migratoria y, en caso de que no fueran suficientes, renegociar acuerdos internacionales existentes que favorecen el crecimiento demográfico, incluido el acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea. Desde la entrada en vigor de este acuerdo, en 2002, la población suiza ha pasado de 7,3 millones a más de 9,1. Hoy, más del 27% de los residentes son extranjeros —una de las proporciones más altas de Europa—, mayoritariamente provenientes de países de la UE.

Dejando de lado que los promotores de la iniciativa en Suiza son sectores populistas de derechas, el debate público que ha generado el referéndum es importante. Los sondeos indican que muchos ciudadanos que no simpatizan con la UDC/SVP se plantean un voto a favor de la iniciativa por razones que no tienen que ver con inclinaciones xenófobas: argumentan que el aumento de población genera una presión excesiva sobre la vivienda, el transporte y las infraestructuras públicas. Los detractores, en cambio, advierten que limitar la inmigración podría debilitar la economía, agravar la escasez de mano de obra en sectores estratégicos y poner en riesgo la relación privilegiada de Suiza con la UE. Según los últimos sondeos, la iniciativa será rechazada, pero por un margen relativamente estrecho: un 52% de los votantes se declaran contrarios a la propuesta; un 45%, favorables.

Este debate me ha recordado un artículo reciente de Miquel Puig, que planteaba una pregunta tan sencilla como provocadora. Si el crecimiento demográfico será probablemente el fenómeno que más transformará Cataluña durante las próximas décadas, ¿por qué los ciudadanos no pueden expresarse democráticamente sobre qué horizonte poblacional consideran deseable? Si los suizos pueden votar sobre los diez millones, ¿por qué Cataluña no podría, al menos, abrir una reflexión similar?

en las reflexiones de mi colega en el Geneva Graduate Institute Cédric Tille

La primera diferencia entre Suiza y Cataluña es institucional. Suiza no forma parte de la UE y la libre circulación de personas deriva de un acuerdo bilateral que, al menos jurídicamente, podría ser rechazado. Cataluña es parte de un estado miembro de la Unión y está integrada en un espacio de libre circulación que no puede modificar unilateralmente. La pregunta que formulan los suizos es posible porque disponen de competencias soberanas en este ámbito. Cataluña, no.

La segunda diferencia es económica y aparece con fuerza en las reflexiones de mi colega en el Geneva Graduate Institute Cédric Tille, profesor de economía internacional. Tille reconoce que las tensiones sobre vivienda, transporte e infraestructuras son bien reales. La inmigración ha contribuido a aumentar la población a un ritmo muy superior al que Suiza había conocido históricamente. Pero añade una observación importante: el problema no es que Suiza no disponga de los recursos para ampliar infraestructuras, es que se construye demasiado lentamente. La oposición de los gobiernos locales, los recursos administrativos y una cierta cultura del not in my backyard dificultan la construcción de viviendas y equipamientos como escuelas al ritmo que exige el crecimiento demográfico. Yo misma he visto cómo diferentes decisiones vía referéndum han impedido ampliar la autopista y otras carreteras en mi pueblo.

Como reconoce Tille, la previsión de una Suiza de entre diez y once millones de habitantes plantea interrogantes legítimos sobre la capacidad de un país pequeño para continuar absorbiendo nuevos residentes sin alterar profundamente su equilibrio territorial y su cohesión sociocultural. El debate sobre las infraestructuras es un buen ejemplo. Los ferrocarriles suizos son una referencia mundial en puntualidad y eficiencia. Pero precisamente porque el sistema funciona tan bien, cualquier saturación es percibida con especial sensibilidad. La cuestión no es si el sistema está colapsado, sino si será capaz de ofrecer los mismos estándares en un contexto de crecimiento sostenido.

La tercera diferencia con Cataluña es probablemente la más sensible. Suiza combina una política migratoria relativamente abierta con instrumentos de integración mucho más sólidos que los que existen en casa nuestra. El acceso al permiso de residencia permanente y a la nacionalidad exige conocimientos lingüísticos y cívicos. Los cantones controlan sus sistemas educativos, y las lenguas territoriales ocupan una posición central en la integración de los nuevos residentes. En Cataluña, no disponemos de competencias en inmigración que establezcan requisitos lingüísticos específicos, y en las escuelas el modelo inmersivo está en riesgo.

Suiza no es ni el paraíso cosmopolita que algunos imaginan ni la sociedad cerrada que describen sus críticos. Es una democracia que intenta gestionar tensiones derivadas de su éxito dando la palabra a la gente vía instrumentos de democracia directa. Ahora bien, como en el caso del Brexit, son decisiones existenciales que muchos no ven claro que haya que decidir en debates de tendencia polarizante y enorme impacto para las generaciones futuras.

Como catalana residente en Suiza, los debates estos días me resultan familiares. Muchos catalanes soñamos con infraestructuras que funcionen con la puntualidad suiza, instituciones capaces de planificar a largo plazo y una administración que genere niveles elevados de confianza ciudadana. Pero la votación del domingo nos recuerda también que incluso las sociedades que gestionan mejor el éxito económico y la diversidad continúan preguntándose dónde están los límites para no poner en riesgo su bienestar y la convivencia social con la diversidad interna.

stats